En su demanda, presentada en agosto de 2001, el particular reclamó tanto el Gobierno de la Ciudad como la empresa concesionaria de la autopista instruyeran las medidas necesarias para reducir los “altos niveles de ruido” que se producían en la autovía.
En dialogo con Diariojudicial.com, Barragán enfatizó que los elevados sonidos que salen de la arteria afectan la calidad de vida de los vecinos de la misma y de las zonas aledañas que se ven afectadas por los casi 170 mil vehículos que circulan diariamente por los carriles.
Además, sostuvo que las viviendas que se encuentran cerca de la AU1, pierden diariamente su valor y se torna imposible venderlas, y remarcó que este hecho les genera a los propietarios de las mismas sendos “perjuicios económicos”, sin contar los daños psíquicos y auditivos que padecen.
Respecto de los niveles de ruido, manifestó que por su cuenta realizó estudios que le dieron como resultado cifras que superaban en un 50 por ciento los límites que prevé la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, comentó que realizó la presentación avalado por la Dirección de Control Ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que unos meses después, la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveria, elaboró un dictamen en donde recomendaba que la empresa AUSA incorporara pantallas acústicas para reducir los niveles de ruido que se emanaban de la misma.
Sin embargo, comentó que los dichos de la defensora fueron desatendidos por la empresa, ante lo cual decidió interponer la demanda con el asesoramiento jurídico del Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente.
En tanto, el amparista remarcó que junto con él, a la audiencia fueron convocados varios miembros de ONGs que trabajan sobre los temas de salud ambiental, que de a poco le fueron brindando apoyo a su reclamo.
Barragán vive en el sexto piso de un departamento ubicado casi en frente de la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Telmo.