El Pleno desestimó 26 denuncias contra magistrados del Poder Judicial. Entre ellas figuran las denuncias realizadas contra Sergio Torres, Juan Ramos Padilla, Walter Bento y tres contra Norberto Oyarbide. Asimismo, se postergó el tratamiento de una denuncia contra la jueza Alicia Iermini por la causa Bulacio.
El Consejo de la Magistratura realizó este jueves el Plenario que había quedado pendiente de la semana pasada. Allí desestimó veintiséis denuncias contra magistrados y postergó el tratamiento de otras más.
La cita para la reunión era para las 10 de la mañana pero como ya es costumbre con esta formación durante este año, cuando en el orden del día existen temas relevantes en los que no hay acuerdos los consejeros se reúnen en “privado” en el primer piso del edificio ubicado en libertad al 700 en busca de estos. Aunque no participan todos los consejeros.
El tiempo transcurrió y cerca de dos horas y media después de la hora pactada se hacía evidente el desacuerdo entre los consejeros. La discusión giraba en torno al envió o no a juicio político de Alicia Iermini. Ya que para su suspensión y posterior jury son necesarios los dos tercios de los consejeros presentes en el plenario.
“Se posterga porque ‘no habemus papa’”, se le escuchó decir al pasar a uno de los consejeros mientras ingresaban a la sala de audiencias para comenzar la reunión. Y así fue, el expediente 295/08 caratulado “Fernández, Aníbal D. Ministro de Justicia s/ actuación de Magistrados en causa ‘Bulacio’” quedó postergado para la próxima reunión plenario que haya, la que según se sostuvo, sería para luego de las elecciones de octubre.
El Consejo debe analizar dos dictámenes, uno impulsado por el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, donde se le imputa a la magistrada “haber tolerado excesiva e injustificadamente la estrategia dilatoria desplegada por la defensa del único imputado en la causa”, “haber privado a los familiares de la víctima de una tutela judicial efectiva y de una justa reparación por la violación de sus derechos”, “haber ocasionado un grave perjuicio al Estado Nacional” y “haber desconocido derechos humanos fundamentales”. Por lo que debería ser suspendida y enviada a juicio político.
En tanto que el dictamen elaborado por el senador radical Mario Cimadevilla, propugna la desestimación de la denuncia ya que la responsabilidad central está en el viejo Código Procesal Penal y en ese sentido citó la argumentación del “Iermini debió actuar, y actuó, manteniendo un delicado equilibrio: por un lado debió ejercer sus facultades ordenatorias, pero por otro debió habilitar la defensa penal que, como es sabido, reclama extremar los recaudos para hacerla efectiva en los términos de la repetida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Con respecto a los otros temas tratados, los consejeros desestimaron veintiséis denuncias contra magistrados. Entre ellas puede mencionarse las desestimaciones de las denuncias contra Sergio Torres, juez subrogante del Juzgado Federal N° 9, presentada por el Ezequiel Nino o la de Walter Bento, titular del juzgado N° 1 de Mendoza y que fuera presentada por Aldo Sergio Parodi quien lo denunció por no investigar el accionar de “George W. Bush y sus cómplices”.
En su denuncia Parodi sostiene que “[s]e le dio la irrepetible oportunidad histórica al juez Walter Bento de tramitar con celeridad las causas contra George W. Bush y sus cómplices y este magistrado por cobardía y negligencia hoy debe ser investigado por sus actos”. Ambas denuncias fueron desestimadas in limine.
También se desestimaron las denuncias contra Juan Ramos Padilla, titular del Juzgado de Instrucción N° 24, realizada por el Fiscal General de la Ciudad Germán Garavano; Luis Osvaldo Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción N°11, remitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y otra contra los camaristas de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Gustavo Marcelo Hornos, Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo. Otro magistrado que tuvo desestimación en tres denuncias realizadas en su contra es Norberto Oyarbide, las tres in limine.
Asimismo se volvió a comisión el tratamiento de un dictamen en el que se proponía desestimar una denuncia formulada contra el consejero Ricardo Gustavo Recondo, en el marco de sus funciones como magistrado integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y continuar el trámite de las actuaciones respecto de la doctora Graciela Medina.
Sin embargo, a raíz de una presentación realizada por el abogado de Medina y una presentación realizada por la Union de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) se reenvió a la Comisión de Disciplina y Acusación.