Las cámaras de diputados y senadores santafecinas autorizaron la creación de 610 cargos que se repartirán entre el Ministerio de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal. La iniciativa surge de la reforma de la Justicia provincial.
La reforma de la Justicia que plantearon el Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia de Santa Fe trajo consigo una serie de problemas y discrepancias, pero, precisamente, en la tercera pata del Estado: el Poder Legislativo.
Es que a los fines de implementar el nuevo servicio de Justicia, el Gobierno de la provincia solicitó la creación de más de 800 puestos de trabajo para fiscales, defensores y ayudantías para las fiscalías y defensorías. Esto llevó a que comenzara un debate muy grande entre diputados alineados al Estado nacional y legisladores de la provincia, ya que llevar adelante la implementación de todos esos puestos de trabajo requeriría un gran aumento presupuestario.
Finalmente, luego del aval de los diputados, llegó la ansiada decisión de los senadores. Los números cambiaron a través del debate, pero lo fundamental ya fue sancionado: más de 600 cargos de defensores y fiscales repartidos entre el de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal, con sus ayudantías respectivas.
Entre otras cuestiones, los más de 600 cargos dependerán del Ministerio de Justicia, incorporándose de esta forma a la Planta de Personal vigente de la jurisdicción del órgano estatal.
La distribución final de los, más precisamente hablando, 610 puestos, creados gracias al consenso de parte de los legisladores, quedarán distribuidos de la siguiente forma: 348 puestos para el Ministerio Público de la Acusación, 182 al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y 80 a los Tribunales Penales, que entrarán en funciones luego de los respectivos concursos llevados a cabo por las autoridades ministeriales.
El aumento en el presupuesto fue uno de los principales ejes del debate y una de las objeciones que hicieron los legisladores aliados al kirchnerismo. Por eso, luego de una serie de discusiones que se sucedieron en el ámbito parlamentario, se autorizó el giro de más de 3.600.000 pesos para cubrir el total mensual de los sueldos.
En tanto, los 348 puestos en el Ministerio Público de la Acusación se subdividen de la siguiente forma: 191 empleados administrativos, 8 para servicios generales, 74 para maestranza y servicios, 26 choferes, 9 empleados profesionales y 40 magistrados y funcionarios.
El Servicio Público de la Defensa Penal distribuirá los cargos en el siguiente orden: 118 empleados administrativos, 4 para servicios generales, 26 para maestranza y servicios, 12 choferes, 6 empleados profesionales y 16 magistrados y funcionarios.
Finalmente, los Tribunales Colegiados de Jueces Penales, que contarán con 80 nuevos integrantes, repartirán los cargos de la siguiente forma: 40 empleados administrativos, 35 magistrados y funcionarios y 5 directores de oficina de gestión judicial.