La Banca de la Mujer y la Comisión de Justicia y Asuntos Penales acordaron que la prioridad del próximo año legislativo sea la inclusión de la figura del femicidio al Código Penal. A su vez, la Cámara Baja bonaerense dio media sanción a un proyecto de Ley sobre violencia familiar.
Una consigna mueve a organizaciones y movimientos populares, asociaciones y todo tipo de agrupaciones que defienden los derechos de la mujer concuerdan en una consigna: no son crímenes pasionales, son femicidios. Es que a raíz de una serie de hechos ocurridos durante este año, con un antecedente ocurrido recientemente, como fue el crimen de cuatro mujeres en La Plata, la cuestión en torno al femicidio como figura penal volvió al debate en la Cámara Alta del Congreso nacional.
Es que la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, llamó a una reunión del órgano congresal que encabeza junto a la Banca de la Mujer, en la que se discutió acerca de incorporar esta figura al Código Penal. Finalmente, y con un fuerte consenso, los legisladores se comprometieron a darle tratamiento e incorporarlo en la agenda de temas principales del Senado en el próximo año.
Estuvieron presentes Natalia Gherardi, directora Ejecutiva y Socia Fundadora de ELA (Equipo latinoamericano de justicia y género); Silvina Viqueira, abogada penalista especialista en violencia familiar, quien trabaja en el Centro de la mujer de la Municipalidad de Vicente López.
Ángeles Gómez Maiorano, doctora en derecho, especialista en derecho penal, y secretaria en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 38 de la Capital Federal; y Raquel Asensio, abogada integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio de Femicidios en Argentina y cofundadora de la Asociación Civil “Casa del Encuentro”.
Entre otras cuestiones, se trataron y debatieron algunas propuestas: de Liliana Fellner, quien propuso la modificación del artículo 80 del Código Penal, incorporando como agravantes el homicidio cometido contra pareja o conviviente y el de odio de género; un proyecto de las senadoras Blanca Osuna, Marina Riofrío, María Bongiorno y Nanci Parrili, modificando el artículo 80 del Código Penal, incluyendo el agravante al homicidio del conviviente o ex conviviente.
Un proyecto de la senadora María Higonet, modificando el artículo 80 del Código Penal, en relación a la incorporación del delito de femicidio; otro de la Senadora Ada Iturrez de Cappellini, sustituyendo el artículo 80 del Código Penal, en relación a la incorporación del delito de femicidio.
También se tuvieron en consideración dos propuestas de la Cámara de Diputados de Chaco y del Centro de la Mujer de la Municipalidad de Vicente López: en el primer caso, solicitaron que se impulse la aprobación de la incorporación del femicidio, como agravante del homicidio en el Código Penal. Por otra parte, desde el municipio de zona norte adjuntó un anteproyecto de ley sustituyendo el artículo 80 del Código Penal de la Nación, con respecto a la incorporación del delito de femicidio íntimo y público como agravante del homicidio.
En este respecto, Viqueira aseguró que “cuando se dice crimen pasional lo que se hace es dar vuelta la carga de la prueba. Se considera al homicida más benignamente ya que se dice que actuó preso de una emoción violenta de la que parece ser culpable la mujer”.
Luego de asegurar su compromiso de cara al año entrante, Sonia Escudero aseveró que “hay que ampliar el agravante a las ex parejas, o cualquier pareja así o estén casados. También los homicidios vinculados, como matar a los niños para vengarse de la mujer”.
En tanto, desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dieron media sanción a un proyecto de la legisladora Claudia Prince (FPV) que prevé nuevas sanciones contra la violencia familiar.
El principal objetivo de la iniciativa es “asegurar el acceso de las víctimas a la justicia en términos de gratuidad, inmediatez, respuesta oportuna y rápida”.
A su vez, se busca incorporar “otras medidas preventivas urgentes que pueden adoptar cualquiera de los órganos judiciales ante los cuales se radique la denuncia, independientemente de su competencia, tendientes a brindar protección, en materia económica, a preservar los bienes gananciales o los comunes de la pareja conviviente: inventario de los bienes conyugales y de los bienes propios; y la prohibición de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar los mismos”.
También otorga el uso exclusivo a la mujer por el período que estime conveniente del mobiliario de la casa.
La diputada consignó que el consenso logrado representa “un gran paso para que definitivamente la violencia familiar se enfoque como cuestión pública en la que el Estado debe intervenir para prevenirla y erradicarla. Por eso este proyecto viene a saldar deudas pendientes como el funcionamiento articulado de poderes, en lo público y lo privado, intra e interinstitucional, interdisciplinario y con enfoque de género, para un abordaje integral e integrado de la problemática”.