La Fiscalía Federal de Tucumán pidió, a raíz de la fuga de un imputado en una causa por crímenes durante la última dictadura, que la custodia de la Policía Federal sea alejada de todos los imputados por delitos de lesa humanidad en esa provincia.
“Arsenales” era un centro de detención clandestina que funcionó en Tucumán durante la última dictadura militar de Argentina. En la causa que investiga los crímenes suscitados en ese lugar, entre otros acusados se destaca la participación de un civil, el escribano tucumano Juan Carlos Benedicto, quien se cree que fuera cómplice y que, inclusive, podría haber llegado a participar de los grupos de tareas.
Benedicto, que estaba internado en un hospital neuropsiquiátrico, se fugó y ahora pesa sobre su persona un pedido de captura internacional (vía Interpol). Pero la nota destacada es que desde la Fiscalía General solicitaron que la Policía Federal deje de tener a su cargo la custodia de imputados en causas que investiguen crímenes de lesa humanidad.
Así lo solicitó el fiscal general de Cámara Antonio Gustavo Gómez al titular del Juzgado Federal 1 de Tucumán, Daniel Bejas, que ahora deberá decidir qué hacer con respecto al pedido de que la fuerza uniformada con jurisdicción en todo el país se aleje de los acusados mientras duren las pesquisas.
"Se pidió que se aparte a la Delegación Tucumán de la Policía Federal de la custodia de este tipo de detenidos, además de una serie de medidas complementarias que no pueden ser reveladas", explicaron a medios tucumanos fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Siguiendo ese orden, las fuentes ministeriales también consignaron que la medida alcanza a tres causas de gran relevancia: la mencionada “Arsenales”, “Villa Urquiza” y “Jefatura de Policía II”. "Cada una tiene cerca de una veintena de procesados, pero muchos de ellos están en otras jurisdicciones. La intención es que esta disposición sólo se aplique a la fuerza local", sentenciaron.
A pesar de que todavía no hubo una posición del magistrado al respecto, sí se dispuso que sean otras fuerzas de seguridad las que se encarguen de la custodia de los detenidos y procesados en estas causas de gran importancia para los procesos que investigan crímenes de lesa humanidad.
La fuga del escribano provocó una fuerte reacción y molestia en organismos de derechos humanos, quienes exigieron en un comunicado “las sanciones correspondientes para quienes fueron responsables de esta escandalosa fuga".
Benedicto, quien cumplía prisión preventiva desde diciembre de 2010, había sido trasladado a su hogar por un consejo del cuerpo médico de la Justicia, dado que sufría una enfermedad que no podía ser tratada en ese ámbito. Una vez en su hogar, los mismos profesionales aconsejaron que sea trasladado a un neuropsiquiátrico ya que intentó quitarse la vida.