Un informe de la Comisión Interamericana de DDHH reveló que en la región los principales problemas son el hacinamiento, "las deficientes condiciones de reclusión", los altos índices de violencia carcelaria y el empleo de la tortura con fines de investigación criminal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en la región e identificó los problemas comunes que existen en las cárceles de Latinoamérica.
Allí el organismo internacional identificó “los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región” entre los que consignó el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades”.
También son comunes a los países latinoamericanos el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detención preventiva; la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; la falta de programas laborales y educativos y la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria.
Con respecto a nuestro país la CIDH menciona las últimas visitas de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad donde se constató, por ejemplo, “la práctica por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense de trasladar reiteradamente a los reclusos, llevándolos compulsivamente de una Unidad Penitenciaria a otra en el vasto territorio de la Provincia de Buenos Aires”.
Esto, “en la mayoría de los casos los somete a un alejamiento excesivo de sus familias por periodos prolongados de tiempo”. Lo que para la CIDH “afecta de manera particular a aquellas familias con escasos recursos económicos, para el desplazamiento a lugares distantes resulta excesivamente oneroso”.
Asimismo se consigna que el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su Informe de Observaciones Finales sobre Argentina emitido en el 2010, “expresó su preocupación por la detención de personas, incluyendo menores, ‘sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad’’.
A lo que la Relatoría de Personas Privadas de Libertad durante su visita de trabajo a la provincia de Buenos Aires al mantener reuniones con varios Defensores Públicos que les manifestaron que “la detención de niños y adolescentes por motivos de investigación de la identidad, hasta por periodos de 12 horas y sin control judicial alguno, es una práctica extendida en esa jurisdicción”.
En la elaboración de estos informes los países miembros remiten información a estos organismos nacionales. Según informaciones remitidas por nuestro país en Argentina durante el periodo 2006 - 2009, hubo 201 muertes en unidades del SPF, de las cuales 26 “se señalan como producto de hechos de violencia”. En tanto que se registraron 24 suicidios en cárceles del SPF durante el mismo periodo y 83 en cárceles del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, entre 2004 y 2009.
La CIDH destaca que, a nivel regional, “la falta de control efectivo por parte del Estado en diversos centros penales de la región produce graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de los reclusos”. Lo que ha llevado a que “los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción”.
En relación con el derecho a la integridad, el informe destaca que “la mayoría de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas de investigación criminal”. Y agrega que entre las principales causa de ello se encuentra “la existencia de prácticas institucionales heredades y una cultura de violencia firmemente arraigada en las fuerzas de seguridad de los Estados; la impunidad; la falta de dotación de recursos, equipos adecuados y capacitación técnica en los cuerpos de seguridad”.
“Es imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y readaptación en sistemas penitenciarios en los que existen patrones sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades; en los que se reportan altos índices de violencia carcelaria”, consignan.
Destacan además que “el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que, por el contrario, el hecho que los sistemas penitenciarios funcionen realmente como mecanismos de rehabilitación contribuiría a la prevención del delito y la violencia, y por lo tanto a alcanzar la seguridad ciudadana”.