Los abogados tucumanos presentaron una serie de quejas en torno a la Ley 8.482 que modificó el sistema de Mediación Prejudicial. Reclaman la pretensión de autofinanciamiento del proceso, donde los costos recaen sobre las partes, con algunas excepciones.
En febrero de este año se aprobaron una serie de modificaciones al sistema de Mediación Prejudicial tucumano. De esta forma, se introdujeron cambios que generaron resistencia entre los letrados que aspiraban a trabajar con respecto a esta cuestión. Así es que el Ejecutivo provincial decidió vetar parcialmente la nueva normativa, pero dejando, en esencia, muchas cosas en el mismo estado.
Por eso es que los integrantes del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) presentaron una serie de impugnaciones en este sentido, refiriendo que debido a ciertas cuestiones de la legislación se presentarán, indefectiblemente, muchos problemas a la hora de llevarla a cabo.
Una de las principales quejas gira en torno a la financiación del sistema. Es que de acorde a la Ley, y como recordaron los letrados, las partes deben hacerse cargo de los gastos, salvo contadas excepciones. Este es uno de los motivos de las quejas de los colegiados.
El proyecto aprobado por los legisladores tucumanos establece que los recursos estatales solo servirán para cubrir las retribuciones de las mediaciones cuando las partes tengan asistencia letrada del Ministerio Público provincial; también podrán acceder a la cobertura de la administración de Justicia aquellos que cuenten con el beneficio de litigar sin gastos o cuenten con el patrocinio del CAT o alguna de las instituciones universitarias de la provincia que realicen este tipo de servicios.
La carta enviada por los abogados al presidente de la Corte Suprema tucumana, Antonio Estofán, precisa que los cambios "produjeron el caos, el desprestigio y el rechazo de este novel proceso. De esta manera, el objetivo de un instituto que tenía, entre otras metas, paliar el colapsado funcionamiento del sistema de justicia provincial, ha generado fundadas dudas acerca de su efectividad, su bondad y su duración en el tiempo".
A pesar de ello, desde el CAT destacaron que el sistema logró bajar el nivel de litigiosidad en un 40%, a la vez que alivianó la concurrencia de abogados a los tribunales y, por consiguiente, el trabajo en los juzgados. El presidente del Colegio, Eudoro Aráoz, destacó que el sector de la población de menores recursos resultó beneficiado por este instituto debido a que se logró un mayor acceso a la Justicia.
"Estas bondades ya no existen, fueron eliminadas por la apresurada sanción de una Ley no consensuada con la comunidad jurídica, fundada únicamente en un criterio economicista, cuya finalidad fue disminuir el presupuesto asignado al Poder Judicial para solventar los gastos que demandaba el proceso de mediación sin que importaran las consecuencias. Se dio prioridad a la postura de la eliminación del gasto que implicaba el pago de los honorarios a los Mediadores Judiciales en juicios de menos de 10.000 pesos", se quejaron los abogados.
Agregaron: "Hoy, a causa de la modificación de la ley, se trasladó a los justiciables en juicios de menos de 10.000 pesos el pago de los honorarios del mediador, los que deben cargar también con los honorarios de sus abogados, creándoles a los mismos la obligación de solventar un sistema de resolución de conflictos de carácter obligatorio, generando a la vez una situación de tirantez entre abogados y mediadores, ya que cuando se trata de justiciables con casi nulos recursos económicos, estos no pueden solventar ambos gastos".
En base a estas consideraciones, desde el Colegio pidieron un tratamiento urgente con respecto a cambios que deberán introducirse en la legislación para que funcione correctamente y no retroceda.