Un informe de la Procuración Penitenciaria destaca que las torturas y los malos tratos “constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país, tanto provinciales como federales”. Sólo durante 2011 el organismo registró casi 400 casos de maltrato y torturas, 205 más que en 2010. Además, hubo 38 muertes. El documento.
“Las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país, tanto provinciales como federales” consigna el informe anual elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación acerca de la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina.
Sin embargo, el informe aclara que “el carácter sistemático de estas prácticas no radica en la existencia de un plan deliberado de las autoridades del Estado” sino que “estos métodos ilegítimos se encuentran fuertemente arraigados en las rutinas de las fuerzas de seguridad del estado”.
Según los datos recabados por la Procuración Penitenciaria entre octubre de 2007 a diciembre de 2011 se documentaron 925 casos de maltrato físico y tortura en el ámbito federal. Aunque sólo en 2011 “se investigaron y documentaron 399 casos de maltrato y tortura, es decir 205 casos más que los registrados en el año 2010”.
Mientras que las muertes al interior del Servicio Penitenciario Federal también continúan en ascenso ya que durante el 2011 se registraron 38 muertes, 5 más que en 2010. Asimismo, durante el primer trimestre del 2012, se registraron 15 muertes.
En este contexto, el informe detalla que los “establecimientos penitenciarios donde se concentran los mayores índices de violencia institucional, tortura y malos tratos los dos grandes complejos de varones ubicados en la zona metropolitana –CPF I de Ezeiza y CPF II de Marcos Paz–, así como las cárceles federales de máxima seguridad del interior del país –Unidad 6 de Rawson, Unidad 7 de Chaco y Unidad 9 de Neuquén”.
“La problemática de las muertes en cárceles federales se ha exacerbado notablemente en el período 2011-2012”, consigna el informe, y agrega que “sólo en el año 2011 se han producido veintidós muertes violentas, el 60% de los casos registrados en el período”.
El informe también detalla los cambios que hubo en la Dirección Nacional del SPF ya que en marzo de este año asumió el cargo Víctor Hortel en reemplazo de Alejandro Marambio. Al respecto el texto señala que “se puso fin a una situación de permanente confrontación y de absoluta falta de diálogo que resultaba a todas luces disfuncional en términos de relaciones entre instituciones del Estado”.
Otro punto en el que se hizo hincapié fue en las “modalidades de encierro dentro del encierro no previstas normativamente” y detalló tres: “la sectorización como modalidad de gestión carcelaria”, “el Resguardo de Integridad Física (RIF)” y “las sanciones de aislamiento”. Se trata de modalidades que “en la mayoría de los casos estos regímenes de encierro implican un aislamiento prolongado en celda propia y la supresión de actividades laborales, educativas y recreativas”.
A través de este Informe Anual, la Procuración Penitenciaria de la Nación cumple con el mandato dispuesto en el artículo 25 de la Ley 25.875 que establece que “anualmente el Procurador Penitenciario dará cuenta a las Cámaras, mediante un informe, de la labor realizada”.