La Corte Suprema de Justicia tucumana puso en funcionamiento una inédita Oficina de la Mujer. Este órgano fue creado para promover acciones, con un marco legal, para a combatir la violencia y la discriminación.
"Es responsabilidad de los poderes del Estado el asegurar las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Para ello deben propiciar las acciones positivas que correspondieren y que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución de la Nación y los tratados internacionales sobre la materia."
Así expresan su posición los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a través de la acordada en la que establecen la creación de una Oficina de la Mujer (OM) que funcionará bajo su órbita. En este nuevo organismo se llevarán a cabo acciones legales tendientes a combatir la violencia y la discriminación en la provincia.
Esta acción busca terminar de alinear la política de género del máximo tribunal provincial al de la Corte Suprema de la Nación, en el área que dirige y fomenta Carmen Argibay, quien ya logró incorporar en este sentido a los poderes judiciales de Santiago del Estero, Jujuy, Misiones, Río Negro, Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires.
La acordada de creación fue pergeñada en junio pasado, pero las bases y la verdadera puesta en funcionamiento de la OM comenzaron esta semana. Allí se establece que las acciones para combatir esta compleja problemática que es la violencia de género requiere de acciones interinstitucionales e interpoderes. A su vez, explican que uno de los mayores desafíos será acabar con la imagen de inferioridad de la mujer establecida en nuestra cultura.
Algunas de las funciones de la Oficina serán acordar políticas conjuntas con el órgano que funciona en la Corte Suprema nacional, coordinar acciones para proteger a las mujeres que sean víctimas de este flagelo, realizar investigaciones y establecer estadísticas que muestren datos concretos acerca de la problemática, realizar actividades de concientización para empleados y funcionarios judiciales, entre otras cosas.
La acordada cuenta con la firma de los cinco integrantes del máximo tribunal provincial, entre los que se encuentre René Goane, quien el año pasado protagonizó un hecho que cobró gran relevancia a nivel nacional y provocó una gran cantidad de opiniones en su contra.
Es que el ministro de la CSJT criticó duramente a las funcionarias judiciales mujeres, al aseverar que pasaban gran tiempo hablando de cuestiones personales y utilizaban tiempo de trabajo en realizar compras. Su concepto, inclusive, tuvo una denominación: “Cultura del mediodía”. Así es que, debido al gran repudio que suscitó, debió disculparse por sus dichos.