La Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal consensuaron un Protocolo para la implementación de ese resguardo especial. El texto fue presentado ante la Justicia por una causa de la Procuración Penitenciaria de 2010. Los detalles.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), La Defensoría General de la Nación (DGN) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) consensuaron un Protocolo para la implementación del Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad que fue presentado el pasado 20 de octubre.
Se trata del resultado de un “proceso diálogo dispuesto judicialmente en el marco de la ejecución de la sentencia de hábeas corpus dictada en la causaNº 9881/10”, explicaron desde la Procuración Penitenciaria, donde las partes en el proceso consensuaron el protocolo.
La causa había sido iniciada en octubre de 2010 a raíz de la presentación por parte de la PPN de un habeas corpus correctivo colectivo “por el aislamiento prolongado al que eran sometidos los detenidos con medida de Resguardo de la Integridad Física”.
En el protocolo elaborado por los organismos consigna que queda “prohibido disponer el encierro en celda individual de personas más allá de los supuestos previstos en la ley, es decir, en casos en que no hayan sido objeto de una resolución del Director del establecimiento” al tiempo que sostiene que el resguardo “en modo alguno podrá implicar un agravamiento en las condiciones de detención”.
Asimismo se consigna la prohibición de la aplicación de “regímenes de aislamiento colectivo y/o uso de sectorizado de los espacios comunes de pabellón”. Asimismo, ante la solicitud de un interno de resguardo en un plazo que no podrá superar las 12 horas se deberá entrevistar a la persona detenida.
El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora y se encuentra firmado por el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, la Defensora General, Stella Maris Martínez, y el Director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.
En la presentación solicitaron al magistrado que, cumplido el análisis de rigor el texto sea objeto de una sentencia homologatoria que lo apruebe. Asimismo se le confiera el carácter de sentencia definitiva para las partes; disponiéndose su implementación.
Otro punto que agrega el protocolo es la posibilidad que tanto el SPF, la PPN o la DGN, así como “cualquier organización de derechos humanos sea gubernamental o de la sociedad civil, con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad y en la prevención de la tortura, podrán acceder a los lugares de alojamiento en los que se encuentren las personas con Resguardo y mantener entrevistas con los detenidos en privado”.
Tras la homologación judicial del protocolo el SPF tendrá 30 días para implementar los cambios necesarios en tanto que al año de la homologación se convocará a las organizaciones tanto estatales como de la sociedad civil para “evaluar la implementación” del protocolo.