Un pleno de comisiones del Senado dio dictamen, este martes, a dos de los tres proyectos girados desde la Cámara Baja. Se trata de las propuestas sobre la publicación de documentos de tribunales en internet y las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes.
Después de una primera incursión en el debate sobre la reforma de la Justicia propuesta por el Poder Ejecutivo, la Cámara Alta dio media sanción a los proyectos más polémicos: la reforma al Consejo de la Magistratura, la regulación a las medidas cautelares contra el Estado y la creación de cámaras de Casación. Esos proyectos pasaron a diputados, donde este martes se centró la atención, mientras que los senadores trataron las propuestas que contaban con la media sanción de la Cámara Baja.
En esos términos, se realizó un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; la de Asuntos Constitucionales; y la de Legislación General, donde se dio dictamen a dos de los tres proyectos. Los legisladores llegaron a un acuerdo en torno a las ideas sobre publicar fallos, acordadas y demás material de interés público de la Corte y de tribunales de segunda instancia en lo Federal de todo el país en Internet y de las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes.
El encuentro se realizó sin inconvenientes, teniendo en consideración que los proyectos que más polémica suscitaban fueron tratados la semana pasada por la Cámara Alta. Por eso, hubo un acuerdo generalizado. La iniciativa en torno al ingreso igualitario al Poder Judicial, de todas formas, será discutida el próximo martes, y se prevé que el pleno del Senado trate las propuestas el próximo ocho de marzo.
Del encuentro participaron el ministro de Justicia, Julio Alak, el subsecretario de Justicia, Eduardo Picardi, y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, Ernesto Kreplak, quien brindó precisiones en torno a la publicación de documentos de tribunales online.
La discusión demoró mucho menos que la llevada a cabo en relación a las otras propuestas del Ejecutivo. Los legisladores fueron citados a las 15 y para las 18 ya se habían brindado los dictámenes y se concluyó que el debate sobre el ingreso igualitario al Poder Judicial sería pospuesto hasta la semana que viene.
El proyecto sobre la publicación de fallos y documentos establece que “la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los principios fundamentales adoptados por nuestro ordenamiento constitucional. Ejemplo de ello es que todos los actos administrativos que dicta el Poder Ejecutivo nacional se publican en el Boletín Oficial de la República Argentina”.
Al mismo tiempo, la idea agrega que “en el derecho comparado existen normas que establece la obligación de dar publicidad a las actividades y decisiones de las máximas autoridades jurisdiccionales de los respectivos estados a fin de permitir el acceso irrestricto a los asuntos sometidos al conocimiento y decisión de dichos tribunales”.
De esta forma, y con estos argumentos, la propuesta consigna que “se asiste en la actualidad a un renovado interés de la sociedad por el desempeño de la Justicia, que es seguido con atención por la opinión pública. Para ello es imprescindible mejorar el acceso de la ciudadanía a la información judicial”.
Por otra parte, el proyecto sobre declaraciones juradas promete que “todo aquel interesado en acceder a la información de las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la Ley 25.188, podrá efectuar la consulta en forma gratuita a través de internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación, a los fines de profundizar el proceso de transparencia en el desempeño de la función pública en todos sus ámbitos”.
En este sentido, la iniciativa recuerda que gracias a “la citada Ley 25.188 se dio cumplimiento a la manda constitucional, previéndose un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”.