En horas del mediodía de este miércoles comenzó en la Cámara de Diputados la sesión que los proyectos de “democratización de la justicia” enviados por el Poder Ejecutivo y que ya poseen media sanción de la Cámara de Senadores. Los detalles de un debate encendido que incluyó acusaciones al presidente de la Corte Suprema de “entregar” a los jueces independientes.
Diana Conti (FpV) como diputada informante fue la primera en hablar en la jornada y detalló los puntos principales del proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. Para apoyar su postura sostuvo que “ni siquiera la Corte Suprema para decidir sobre la libertad requiere de los dos tercios de sus votos”. Ello en clara referencia a la mayoría simple que se necesitará en caso de que se apruebe el proyecto, para iniciar un jury a un magistrado.
En cuanto a los cambios dados a la media sanción aprobada por el Senado la semana pasada sostuvo: “la Corte se queda con la administración del presupuesto” y se “queda con el poder de superintendencia” y el Consejo “va a poder organizarse sin necesidad de la Corte” y “administrar su propio presupuesto”.
Luego detalló que para ser consejero se necesitarán “los requisitos para ser diputado” y pueden ser de cualquier “profesión u oficio”, es decir, no tendrá el requisito actual de ser abogado. Asimismo, solicitó que al Consejo le volvería la designación de los jueces subrogantes y pidió que se “amplíen a 8 horas los horarios de trabajo de magistrados y funcionarios judiciales” y a su vez que se establezca la “prohibición de ser docentes en horario laboral”.
Oscar Aguad (UCR) sostuvo a su turno que “no sabemos si la modificación del artículo 33 se incluyó”, ya que “modificado destruye el sistema electoral”. “Estamos convencidos que el obierno se prepara a dar un golpe letal”, dijo y añadió que “este proyecto constituye la ruptura del pacto intergeneracional de convivencia en paz”. “Necesitan designar y juzgar jueces con mayoría simple y no con dos tercios” dijo el diputado.
Sobre la elección popular se mostró contrario porque “así lo establece la Constitución Nacional” ya que consideró que “partidizar” la elecciones de jueces, abogados y académicos es “la inmoralidad más severa que se ha cometido en este país”.
"Las mayorías son transitorias, las repúblicas son permanentes" sostuvo en la misma línea el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) ya que el objetivo es “controlar al controlante”. Luego, con respecto al carácter contramayoritario del Poder Judicial sostuvo que "no es el sufragio el único legitimante del poder".
Por su parte, Elisa Carrió (CC-Ari) arremetió directamente contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre quién dijo: “Lorenzetti entregó a los jueces independientes de la Nación” ya que “acá hubo un acuerdo espurio”, al referirse a los cambios realizados, sobre todo, al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
Liliana Parada (Unidad Popular) anticipó la presentación de un proyecto para realizar una consulta popular en la designación de jueces y con la intervención de un consejo asesor que tiene derecho a veto de esos jueces cuya historia conocemos, “eso es democratizar”, sostuvo. Es que para la diputada los proyectos “rompen el equilibrio”y se “reparte los cargos entre la primera y segunda minoría”.