El CELS, la CPM y otros organismos del derecho criticaron el nuevo régimen de excarcelaciones y portación de armas que propone el Ejecutivo bonaerense. De hecho, pidieron intervenir en el debate parlamentario.
Debido al planteo de inconstitucionalidad aceptado por la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) en diciembre pasado en torno al régimen de excarcelaciones aprobado en las cámaras legislativas provinciales, el Poder Ejecutivo elaboró dos nuevas iniciativas que ya recibieron críticas.
Al justificar la elaboración de dos nuevas propuestas sobre excarcelaciones y portación de armas, el gobernador bonaerense Daniel Scioli justificó su insistencia al respecto al afirmar que “buscamos actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”.
Por eso, la Comisión provincial por la Memoria (CPM), Centro de estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el Diputado Nacional Marcelo Saín, el defensor de menores Julián Axat y la defensora pública de Lomas de Zamora, Fernanda Maestrin, volvieron a hacer un análisis de las propuestas y brindaron su opinión al respecto.
En su carta, también solicitaron al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, intervenir en el debate parlamentario para poder brindar su posicionamiento al respecto.
En relación a la iniciativa sobre excarcelaciones, los firmantes de la declaración expresaron que “el proyecto que modifica el Código Procesal Penal provincial tiene problemas constitucionales y de política criminal. La iniciativa continúa señalando que los jueces pueden fundar el dictado de la prisión preventiva cuando en la detención haya existido portación de arma y resistencia a la autoridad o a un procedimiento público”.
“De esta forma, se aleja de los fines constitucionales de la privación de la libertad sin sentencia de condena, además de mantener los lineamientos de política criminal que han sido ampliamente cuestionados”, manifestaron los miembros de las organizaciones.
En este orden de ideas, los integrantes de las diversas asociaciones consignaron que “el proyecto gubernamental mantiene una mirada condescendiente con la actuación policial y otorga un fuerte mensaje de reforzar las usuales prácticas policiales de detención en el marco de procedimientos de control, lo que implica una grave amenaza de acuerdo con los serios problemas de abuso de autoridad y corrupción que se conocen. El fenómeno de las causas armadas es un ejemplo de ello”.
A su vez, los firmantes declararon que “el proyecto traduce la concepción del gobierno provincial sobre el fenómeno de la violencia y el delito y plantea una mirada reduccionista, que pone el peso institucional en mejorar la eficiencia en la cantidad de detenciones pero deja de lado el entramado de complicidades entre las redes criminales, la policía y ámbitos de la política. Si no se avanza con políticas específicas que contemplen estas variables, las respuestas seguirán siendo superficiales”.
Al mismo tiempo, los miembros de las organizaciones recordaron que “el sistema procesal de la provincia ya ha sido objeto de reformas de idénticas características en el pasado, a través de la sanción de las leyes 12405 y 13183, las cuales debieron ser derogadas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Verbitsky, advirtiera sobre las graves violaciones a los derechos humanos que estas produjeron. En los fundamentos de aquella derogación, el gobernador debió reconocer no solo el colapso carcelario que dichas medidas produjeron, sino la falta de efectividad en materia de ‘control de la criminalidad’”.