Desde que el Gobierno nacional anunció y, posteriormente, sancionó la mayoría de los proyectos de reforma de la Justicia, políticos, ONG, asociaciones y diversas personalidades del mundo del derecho brindaron sus pronunciamientos. Por supuesto, los magistrados y funcionarios judiciales no se quedaron afuera de los señalamientos.
Por eso, y con una gran parte de las iniciativas convertidas en Ley, los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dirigieron una carta al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en la que expresan una “honda preocupación” por la situación que atravesará el Poder Judicial cuando las nuevas normativas entren en vigencia.
En estos términos, los jueces volvieron a hablar de politización del Consejo de la Magistratura, así como de una Justicia que perderá su independencia si se concretan las propuestas de Ejecutivo. De esta forma, dijeron, se afecta la división de poderes y los derechos de los justiciables.
Los magistrados consignaron que “el proyecto de reforma de la ley de creación del mencionado Consejo vulnera ‘el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de matrícula federal’ que exige el artículo 114 de la Constitución nacional”.
Entre sus justificaciones de esta posición, los camaristas alegaron que “la modificación proyectada respecto del número de consejeros mantiene a los jueces (y también a los abogados) en franca minoría frente a los representantes de los otros poderes del Estado y aún frente a los representantes del ámbito académico, en desmedro del necesario ‘equilibrio’ que exige la Ley fundamental”.
Al mismo tiempo, los vocales manifestaron que los abogados y jueces dejarán de representar a sus estamentos, porque no serán designados por las personas que deben hacerlo sino por el “cuerpo electoral” de la nación, por lo que esto constituye la falta más grave.
Los jueces agregaron a todo esto que “el proyecto sancionado deja librados temas de relevancia institucional, como son la elección, la suspensión y la remoción de los jueces, a la decisión del partido gobernante de turno, lo cual – como lo ha señalado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en una reciente declaración – vulnera el principio de la independencia judicial y el derecho de todo habitante de la República Argentina a un juez imparcial, establecido por la Constitución nacional”.
Los magistrados alegaron, con respecto a la creación de nuevas cámaras de Casación, que esto “habrá de causar serias demoras en la resolución de las causas, en desmedro del derecho de los ciudadanos de obtener un pronunciamiento judicial ‘dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley’, como lo exige el Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional”.
dju
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