Los familiares del juez Pedro Hooft, suspendido por sus vínculos con la última dictadura militar, denunciaron a los fiscales y a un magistrado que llevaron a cabo la causa en su contra. Aseguran que hubo "presión" para que hubiera un fallo contra el ex juez.
“La noche de las corbatas” es recordada como una de las semanas más fatídicas para los abogados de nuestro país: fueron varios días en los que once abogados marplatenses fueron secuestrados durante la última dictadura militar. Por su participación en los hechos, el juez de esa ciudad, Pedro Hooft, fue destituido de su cargo, afrontando jurys en los años 1993 y, recientemente, en marzo de este año fue suspendido de sus funciones.
Las pruebas utilizadas en su contra provenían de la causa en la que se lo investigó y condenó por su relación con estos secuestros. La decisión fue recurrida en diversas ocasiones pero los resultados siempre fueron desfavorables para el ex magistrado.
Ahora, su familia decidió denunciar a los fiscales y al juez que se encargaron de llevar la causa que se le inició en 2006 en este sentido, con la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida en entonces por Eduardo Duhalde. Los parientes de Hooft afirmaron que existieron presiones, tal como presuntamente lo admitió uno de los fiscales en una grabación que poseen.
Teniendo en consideración esta cuestión, la denuncia contra los integrantes de la administración de Justicia es por corrupción judicial.
Hooft, acusado de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba”, debía prestar declaración indagatoria el próximo cuatro de junio por esta misma causa ante el Juzgado Federal 1 de Mar Del Plata. Fue por un pedido del fiscal general Jorge Auat, que había realizado este pedido en diciembre pasado.
Los familiares señalaron la “intencionalidad política” de la causa, y apuntaron al abogado César Sivo, el fiscal general marplatense Daniel Adler, los fiscales Claudio Kishimoto, Pablo Larriera y Eugenia Montero y el titular del Juzgado Federal, Martín Bava.
En la grabación que realizó el hijo y abogado de Hooft, Pedro Federico, se puede escuchar a Kishimoto, a quien conoce desde hace muchos años y por eso le brindó su opinión, diciendo que “le quieren cortar la cabeza. Lo quieren colgar a tu viejo (por el ex magistrado), no sé por qué tanto encarnizamiento”.
El fiscal también precisa en la grabación que “Auat (por el fiscal general) es un kamikaze” y que “la causa es una mierda”.