La Justicia procesó a un profesor de 24 años por el delito de corrupción de menores. Lo hizo a través de un perfil falso en facebook. Un caso más que se suma a la problemática del grooming. ¿Qué cambiaría una nueva legislación en este sentido? La opinión de especialistas a Diario Judicial.
El descubrimiento fue macabro pero la acción inmediata: el padre de tres chicos de entre 10 y 13 años encontró conversaciones en el chat de facebook de los menores en las que una persona los incitaba a tener “conductas sexuales”, tal como indicaron fuentes de la Policía Metropolitana. La denuncia fue realizada rápidamente y el hombre, un profesor de 24 años, fue detenido e imputado por el delito de corrupción de menores.
El perfil del acusado era falso. Se había puesto “Flopi Rodríguez” de nombre, y tenía 390 contactos que eran, casi en su totalidad, menores de edad y varones en su mayoría. La única actividad que se llevaba a cabo desde esta cuenta era agregar más y más contactos, pero el verdadero uso de su dueño era el del chat.
A pesar de ello, la Justicia tuvo que esperar para actuar. Primero se tuvieron que recolectar las pruebas necesarias para que se pueda brindar la orden de rastrear la dirección de IP y, casi por ende, al autor del delito. Así es como la policía dio con el joven profesor que vivía en el barrio porteño de Núñez.
La orden de allanamiento y el posterior procesamiento del hombre surgieron del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 33, cuyo titular es Gustavo Pierretti. Después del análisis de toda la información recabada, se concluyó que había suficientes pruebas para imputar al joven que, además, era profesor de educación física en diferentes escuelas.
La pregunta que surge en torno a este caso es: un cambio en la legislación, ¿podría ayudar a evitar este tipo de problemáticas? ¿Se puede llevar a cabo una lucha en contra del grooming con una ley que sirva en este sentido?
Daniel Monastersky, director y fundador del sitio Identidad Robada, desde donde se lleva a cabo un fuerte activismo en contra de este tipo de delitos y de órdenes similares en cuestiones informáticas, afirmó a Diario Judicial que “un proyecto de ley de grooming no va a cambiar nada si no hay una política del Estado en materia de concientización. Eso es fundamental para llevar a cabo un verdadero cambio”.
El letrado afirmó, en este mismo sentido, que “hay una falta de conocimiento por parte de los jueces, de los fiscales, respecto a este tema. Y si no hay en la actualidad una buena predisposición por parte de la Justicia, por cómo funciona la legislación con la que disponemos en este momento, no se puede avanzar en la investigación”.
Siguiendo esta línea de razonamiento, el abogado afirmó que “si hay casos que tienen una sentencia es porque hubo buena predisposición de parte de la administración de Justicia, y eso es lo que hace falta ahora mismo”.
Desde la ONG Argentina Cibersegura se inició una campaña en contra de la incitación sexual a menores a través de la web. En relación a esta problemática, su presidente, Sebastián Bortnik, había afirmado a Diario Judicial que “lo que ocurre en la actualidad es que hay que esperar a que ocurra un hecho concreto, como el acercamiento de un pedófilo con la víctima para que se pueda actuar. Pero el eje del asunto es que cuando se llega a esa instancia es porque mucho antes hubo circunstancias de dominio psicológico, por ello el grooming no sería un acto preparatorio de un delito, sino una conducta en sí misma”.
En relación a la importancia de que se apruebe la ley de grooming, Bortnik consignó que “en primer lugar, teniendo presente el aumento de delitos informáticos que tienen como víctima a menores, se debe continuar el camino que se inició en 2008 con la incorporación de los nuevos delitos al Código Penal”.
“Sería un avance hacia la modernización de nuestro Código Penal, en términos de delitos informáticos. En lo particular a la Ley de Grooming, su aprobación sería brindarle una mayor seguridad tanto a padres como a hijos, porque estarían protegidos en una instancia previa a lo que después termina siendo la publicación de fotografías o un encuentro físico con el chico que pueda terminar el abuso sexual”, afirmó el titular de la ONG.
Uno de los proyectos que se presentó en relación a esta problemática fue llevado a cabo por la senadora María de los Ángeles Higonet, quien pretendía que se tipifique en el Código Penal la figura del robo de identidad digital. La iniciativa fue presentada en mayo del año pasado, y aún no hubo una resolución al respecto.
En sus fundamentos, la legisladora afirmó que “hay un fenómeno donde se vivencia que la identidad física de las personas se traslada al mundo virtual. Entonces, es necesario entenderla como un bien jurídico a proteger, dado que cualquier daño realizado hacia este aspecto digital de la personalidad, tiene sus efectos sobre toda la persona. Por ello, se considero aquí el merecimiento de la tutela más atenta por parte del Estado”.
De todas formas, esa propuesta, según las consideraciones de la ONG, dejaba varios temas sin tratar. Por eso, la propuesta de los integrantes de Argentina Cibersegura involucra diferentes aristas.
La iniciativa de Higonet constaba de un solo artículo que establecía que “será reprimido con prisión de seis meses a tres años o multa de pesos veinte mil a pesos doscientos mil, el que sin consentimiento, adquiriere, tuviere en posesión, transfiriere, creare o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, y con la intención de dañar, extorsionar, defraudar, injuriar o amenazar a otra persona u obtener beneficio para sí o para terceros”.