El Senado bonaerense y la Defensoría del Pueblo provincial firmaron un convenio mediante el cual el organismo de asesores legales colaborará con el proceso de elaboración de leyes. Además, se llevará a cabo un “monitoreo” del cumplimiento de las normativas relativas a la seguridad democrática, el cuidado del medio ambiente y el derecho a una vivienda digna.
Durante el año pasado y lo que va de 2013, algunos hechos particulares comenzaron a ser debatidos de forma legislativa a raíz de fallos y distintas situaciones que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Fallos que garantizaban el acceso a una vivienda digna, la limpieza del Riachuelo y el avasallamiento sobre el trabajo político de diferentes organizaciones fueron motivo de discusión.
Teniendo en consideración estas problemáticas que, en ocasiones, no pudieron recibir una solución, la Defensoría del Pueblo bonaerense firmó un convenio con el Senado provincial mediante el cual podrán formar parte de la elaboración de legislación que apunte a estas temáticas, es decir, la seguridad democrática, el cuidado del medio ambiente y el derecho a una vivienda digna.
El acuerdo fue suscripto esta semana por el vicegobernador y presidente de la Cámara Alta de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el defensor del Pueblo provincial, Carlos Bonicatto. Además del convenio se firmaron dos protocolos adicionales, en los que se prevé el seguimiento de las normativas que ya estén aprobadas.
El titular del Senado bonaerense afirmó que “la Defensoría se mete de lleno en la búsqueda de soluciones para aquellos temas que parecen estancados y ese trabajo es el que necesitamos en el Senado para que nuestros legisladores puedan discutir en profundidad esos ejes y después poder convertirlos en leyes”.
Al mismo tiempo, y en orden a un tema que fue ampliamente discutido y sobre el que muchas organizaciones se pronunciaron, Mariotto destacó que uno de los primeros abordajes se dará en torno al Mecanismo de Prevención de Tortura, una herramienta propuesta y aprobada el año pasado en la Cámara Alta provincial. También serán analizadas la reforma del Consejo de la Magistratura y la Ley de Ética Pública.
También afirmó que en la actualidad ya comenzaron a trabajar en lo relativo al ingreso democrático a la Justicia y en otras iniciativas de Seguridad.
Al mismo tiempo, en la firma de los protocolos, se tuvieron en consideración tres temas en particular que implicarán los primeros desafíos para los integrantes de la Defensoría: el seguimiento de la Ley 14.424, de creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (la mentada Policía Judicial); la Ley 14.343 de regulación de la identificación de los pasivos ambientales y la obligación de componer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población; y la Ley 14.449 de promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable.
El convenio tiene una duración de dos años, pero también se contempló entre sus artículos que la renovación se realice de forma automática. Al mismo tiempo se estableció que la Defensoría sea informada cada 15 días de los asuntos ingresados al Senado para determinar de esta forma cuáles son de su competencia. Al mismo tiempo, el organismo estatal deberá designar encargados por Comisión para que participen en la elaboración de las iniciativas.