El Ministerio Público Fiscal elaboró un informe sobre el accionar del juez marplatense Pedro Hooft, imputado como uno de los participantes de la “Noche de las corbatas”, un operativo de la última dictadura militar contra abogados de Mar del Plata.
En 2006, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, comandada entonces por Eduardo Luis Duhalde, inició una causa contra el juez marplatense Pedro Hooft. Entonces, uno de los principales señalamientos en su contra fue su relación con el operativo llevado a cabo por el terrorismo de Estado en julio de 1977, conocido como la “Noche de las corbatas”. Fueron siete noches en las que varios abogados de la ciudad de la Costa Atlántica fueron secuestrados y desaparecidos.
La causa avanzó y a comienzos de este año el magistrado quedó suspendido en sus funciones como juez correccional de Mar Del Plata. Pero aún conserva sus fueros, que solo perderá en el caso que el jury en su contra avance y decida su destitución. De todas formas, con el precedente de su cese en el cargo de manera temporal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) elaboró un informe con respecto a su situación actual.
Pablo Larriera, fiscal marplatense, junto a la secretaria Romina Cavallo, afirmaron que Hooft está buscando que la causa avance. En este sentido, recordaron todas las estrategias de dilación que interpuso para que el proceso se trabe, y al mismo tiempo, se presentó ante la Comisión de Justicia de la legislatura bonaerense (órgano que lleva a cabo los jury) para alegar que la causa no tiene pruebas concretas.
En mayo de este año, los familiares de Hooft denunciaron a los fiscales que lo investigan y a un magistrado que llevó una causa en su contra. En este sentido, aseguraron que hubo presiones para que se falle en contra del magistrado suspendido. De modo que el informe elaborado por el MPF realizó el informe a modo de respuesta contra esas acusaciones.
Desde el Ministerio precisaron que el juez “pretende llevar su defensa a ámbitos políticos y mediáticos como un modo de sortear por quinta vez la convocatoria a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad. (…) Ello ocurre gracias a que, si bien está suspendido como juez correccional de Mar del Plata, todavía goza de los fueros que le otorga el cargo, que sólo perderá en caso de que el jury de enjuiciamiento decida su destitución. La protección de los fueros ha impedido el dictado de una orden de detención para que comparezca a declarar”.
Al mismo tiempo se brindaron mayores precisiones: las investigaciones de varios secuestros ocurridos en la “Noche de las corbatas” cayeron en las manos de Hooft, y fue él quien omitió las medidas de instrucción que podrían haberle dado un verdadero impulso a las causas, tal como señala el documento.
Los miembros del Ministerio afirmaron allí que “tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales”.
Los fiscales también precisaron que, de acorde a las evidencias reunidas en las diferentes investigaciones, cuando los expedientes fueron enviados por el magistrado a las autoridades militares los letrados secuestrados aún estaba con vida y siendo torturados en centros de detención clandestina. “Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino”, afirmaron los integrantes del MPF.