El ´narcoescándalo´ estalló en las manos de Gils Carbó

La carta fue elevada a los efectos de poner en conocimiento a la cabeza del Ministerio Público Fiscal “la situación de gravedad institucional generada a partir de los faltantes de drogas, elementos secuestrados y las investigaciones por la supuesta vinculación de policías de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba en actividades de narcotráfico”.

 

En tal sentido, los jueces expresaron que la situación no era nueva, ya que el mismo Tribunal Oral, había denunciado hace aproximadamente tres años, “una situación similar y puso en conocimiento de la máxima autoridad del Ministerio Publico Fiscal todos los antecedentes de una causa judicial donde se secuestraron aproximadamente 13 kilogramos de cocaína y llegaron a nuestro tribunal para juicio oral y público, solo 8,5 kilogramos”.

 

Los firmantes recordaron que en ese momento le habían solicitado al entonces Procurador General, Esteban Righi, “una investigación profunda para determinar las responsabilidades de todos los órganos comprometidos”, y pusieron en conocimiento los antecedentes de la causa “al Fiscal que por turno correspondía”.

 

Los jueces además, detallaron que “la causa se tramitó en el Juzgado Federal n° 2 de Córdoba e intervino durante la instrucción la Fiscalía Federal N° 2 de la misma ciudad”. Ello, “sin advertir ni señalar el importante faltante de droga y acusando a los imputados por 8,5 kilos de cocaína”.

 

“En aquel momento este Tribunal advirtió al señor Procurador General que no resultaba apropiado que fuera la misma Fiscalía Federal N° 2 la que investigara ese importante faltante de droga, correspondiendo a un Fiscal distinto intervenir en la misma”, expresó la carta.

 

Por otra parte, los integrantes del Tribunal también refirieron que hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, “para determinar la posible responsabilidad del Juez interviniente”.

 

“Hoy a casi tres años de aquella presentación, no tenemos conocimiento del resultado de la investigación de tan grave suceso, si hubo imputados, qué medidas se tomaron para deslindar responsabilidades, si hubo responsabilidades policiales o judiciales por falta de control en la recepción de la droga y en el control de legalidad del Ministerio Público”, indicó la nota.

 

Como resultado de esa inacción, se tiene que “lamentar nuevamente otro escándalo que solo beneficia al narcotráfico, como consecuencia de la ineficiente labor investigativa en aquella oportunidad, continuando las notorias falencias en el control de los elementos secuestrados”.

 

Los jueces se hicieron eco de la nota periodística en la cual se detallo que la Justicia Federal de Córdoba recibió 30 kilos de alfalfa y piedras, “en lugar de los 30 kilos de marihuana secuestradas”, lo que resultaba alarmante, ya que “este supuesto hecho ocurrió en Octubre de 2012 y recién en Setiembre de 2013 se realiza la pericia química que determina que no se trata de estupefacientes”.

 

Consecuentemente, los juzgadores acompañaron en el escrito las notas periodísticas referidas al suceso invocado, junto a copias “de las distintas notas elevadas en su oportunidad para conocimiento e investigación de hechos idénticos a los que hoy conmueven al país”.

 

En virtud de esas consideraciones, los magistrados reiteraron la necesidad de una “urgente intervención de la Sra. Procurador General de la Nación, o de las Unidades Especiales de la Procuración General de la Nación, tales como PROCUNAR –Procuraduría de Narco Criminalidad”.