A pesar de algunas resistencias y de la opinión reciente del Sindicato de Trabajadores Judiciales santafesino que muestra cierto escepticismo ante la novedad, la reforma de la Justicia Penal cada vez avanza más entre los distintos organismos de la administración Judicial. Llegó el turno del Ejecutivo de percibir estas diferencias normativas.
Por eso, el Ministerio de Justicia firmó un convenio con el Ministerio Público de la Acusación para implementar los programas de mediación penal, asistencia a víctimas y reglas de conducta establecidos por las nuevas leyes que rigen el fuero en la provincia de Santa Fe.
Con la presencia del fiscal general, Julio de Olazábal; la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich; y la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, y otros funcionarios, se firmó el convenio y se brindaron algunas precisiones sobre cómo se llevará a cabo la implementación de la iniciativa.
Los integrantes de los diferentes ministerios y organismos estatales señalaron que la idea es establecer algunos lineamientos generales para trabajar de forma conjunta. En tanto la asistencia integral a las víctimas de delitos se llevará a cabo a través de los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), y el resto de las iniciativas se realizarán con las oficinas de mediación y el programa que regula la normativa de conducta.
“Las partes desarrollarán acciones con el objeto de diseñar, coordinar y ejecutar la actuación interinstitucional entre los funcionarios y reparticiones dependientes del Ministerio Público de la Acusación y los organismos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ligados a las instituciones y principios previstos en el nuevo Código Procesal Penal”, expresa el convenio firmado esta semana.
Las nuevas previsiones de la Justicia Penal establecen la participación de la víctima en todo el proceso, garantizando que se repare el daño por las vías civiles y que, además, se pueda constituir en parte querellante. Por eso es fundamental que ambos organismos colaboren para que los fiscales puedan obtener mayores evidencias mientras la persona es asistida.
Pero al mismo tiempo también resulta fundamental la integración de la mediación penal, dado que esta herramienta busca bajar el gran nivel de litigiosidad que enfrenta el fuero utilizando a un tercero neutral que pueda explicar a las partes los alcances de una acción en este sentido.
dju
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