El último plenario del Consejo de la Magistratura trató, de forma previa a la denuncia en contra del juez federal Norberto Oyarbide, 74 pedidos de desestimación in límine de los cuales solo se pidieron cinco postergaciones para revisar nuevamente esos expedientes. La mayoría de estas solicitudes corresponden a casos del año pasado, pero también hubo algunos de 2014.
El primer expediente cuya postergación fue solicitada fue el 256/12 (con dictamen 184/13), donde había sido denunciado el juez Carlos Villafuerte Ruzo por el abogado Víctor Martínez. En este caso hubo una citación a través del artículo 20 del reglamento del Consejo.
El magistrado había sido señalado por generar presuntas “dilaciones” en causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad. El juez se había pronunciado ante la Comisión de Disciplina y Acusación a través de un escrito en el que precisó que “a la fecha se encuentran detenidas con prisión preventiva 14 personas. (...) En 10 de ellas se corrió traslado a la querella y al ministerio público para la elevación a juicio oral”. Esto sucedió en agosto del año pasado.
También se postergó la desestimación del expediente 12/12 (en orden al dictamen 209/13) por la denuncia llevada a cabo contra Graciela Nair Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y Raúl Daniel Bejas, titular del Juzgado Federal de Tucumán 1, presentada por Jorge Alberto D´Amico.
La denuncia llevada a cabo contra Ricardo Mario Sanjuan, Ernesto Clemente Wayar, Graciela Nair Fernández Vecino, Raúl David Mender y Marina Josefa Cossio de Mercau –integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán- y contra el Dr. Guillermo Daniel Molinari –titular del Juzgado Federal de Santiago del Estero-, presentada por Claudio Alberto Paz, también fue postergada y será tratada nuevamente después de que se revise el caso una vez más. Este expediente es uno de los más viejos de los que se encontraban en tratamiento ya que data de 2011.
Otro de los expedientes desestimados es el relativo a la desestimación de la denuncia contra el juez Diego Iparraguirre, titular del Juzgado en lo Civil 7, que fue presentada por la abogada Fabiana Quaini.
Pero el último de los expedientes cuya postergación fue solicitada refiere a un caso que había cobrado gran repercusión a nivel mediático y que puso al juez Daniel Rafecas en el centro de la escena: la denuncia formulada por el abogado José María Sáenz Valiente en su contra, debido a la actuación que realizó en la causa Papel Prensa.
El letrado que defendió al Grupo Clarín en el caso alegó que existió una parcialidad de parte del magistrado a la hora de brindar un tratamiento en la causa, y que su trabajo fue en detrimento de sus defendidos.
dju
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