La última sesión de la Cámara Baja de Buenos Aires tocó muchos temas relativos a la administración de Justicia, sobre todo en relación a cuestiones que hace muchos años que siguen generando problemas, como la emergencia edilicia, un flagelo que aun sufre el Poder Judicial provincial.
Por eso, se decidió extender la prórroga en este sentido, a la vez que también se brindó un nuevo plazo para que se complete la conversión de tribunales de familia en juzgados unipersonales; y, además, se crearon 129 cargos para cubrir fiscalías y defensorías para toda la provincia, así como nuevos órganos judiciales en los Fueros Penal, Civil, Comercial, Laboral, y de Responsabilidad Juvenil y de Familia.
También se determinó que pueda entrar en funcionamiento el cuerpo de magistrados suplentes del Ministerio Público para cubrir vacantes transitorias que se produzcan en el territorio bonaerense. También hubo una prórroga para que los juzgados de garantías sean trasladados y, de esta forma, evitar dilaciones en los procesos. Entre otras cosas, se votó la creación del Observatorio Provincial de Investigación de Muertes Violentas.
La transformación de los tribunales de familia en juzgados unipersonales es un proceso que se da desde 2008, y en el que mediaron, también, complicaciones edilicias. Desde entonces, los plazos para terminar la iniciativa se extendieron y hoy cumplen su sexto año consecutivo de discusiones sin saldar.
Pero la emergencia edilicia también es un asunto de larga data ante la legislatura bonaerense. Cuando una resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) advirtió estos peligros, también cerca del año 2008, por lo que, además, solicitó la expresa colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo para paliar la situación.
Entre otras medidas que tomó de forma unilateral la Corte bonaerense, se llevaron a cabo destrucciones de expedientes, largas mudanzas de tribunales y la reasignación de partidas presupuestarias para acceder a oficinas que estuvieran preparadas para soportar el peso de años y años de causas tramitadas con papel.
Los integrantes del Máximo Tribunal provincial afirmaron, en ese momento, que las medidas tomadas al respecto “se sustentan en la necesidad de organizar y distribuir en forma equitativa los espacios disponibles, tanto para archivo como para guarda de expedientes, además de las dificultades que en materia edilicia afectan al Poder Judicial”.
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