Justamente el Máximo Tribunal de la provincia fue facultado a elaborar un plan de infraestructura que incluya la compra o expropiación de inmuebles y a seleccionar inmuebles adecuados para adaptarlos a dependencias judiciales y firmar acuerdos con sus dueños. El plan que confeccione la Suprema Corte será en coordinación con el Ministerio de Justicia y deberá ser aprobado Por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La ley que declaró la emergencia edilicia también permite declarar de utilidad pública a aquellos edificios que sirvan para la Justicia y poder expropiarlos.
La emergencia fue aprobada este jueves por el Senado y Diputados en una misma jornada. Antes de la sesión el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, y el titular de la Suprema Corte, Eduardo Soria, estuvieron reunidos con el presidente y el vice de la Cámara de Diputados para dialogar sobre la situación de colapso de las instalaciones del Poder Judicial y los alcances del proyecto de emergencia.
Este proyecto fue uno de los anuncios de Scioli. El Gobernador había anunciado en su discurso de asunción, el 10 de diciembre, que iba a pedirle a la Legislatura que declarara la emergencia edilicia de toda la Justicia.
La situación fue abordada por la Suprema Corte semanas atrás cuando envió el presupuesto para el 2008 a la Legislatura en donde calificó de “problemática” la situación de infraestructura.
En esa oportunidad el Máximo Tribunal advirtió que “de no ser receptada en su total dimensión afectará…..la seguridad misma de las personas que desarrollan su labor o concurren a los edificios de los distintos fueros”. Y agregó que “dicho mantenimiento no sólo está justificado por el transcurso del tiempo y el desgaste propio del uso, sino también por el crecimiento permanente que ha ido generando una sobrecarga y exigencias mayores en los distintos componentes de la estructura edilicia”.
Según datos de la Suprema Corte la falta de dependencias propias significan un gasto de 8 millones de pesos anuales en el alquiler de 200 inmuebles que no siempre tienen las condiciones adecuadas para el trabajo judicial.