La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación presentaron en la Justicia Federal un habeas corpus por lo que consideran una “situación de hacinamiento” en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. En el penal denuncian una excesiva densidad de población.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación presentaron ante el juzgado Federal de Lomas de Zamora un habeas corpus para “remediar la situación de hacinamiento que presenta el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPF I)”.
Las instituciones pidieron que se “convoque a todos los actores involucrados a planificar en un plazo de un mes, una acción conjunta eficaz que permita remediar la situación actual y prevenir violaciones futuras”.
Según explicaron, a fines de octubre de este año el CPF I alojaba a un total de 2.021 personas privadas de su libertad a pesar de que, de acuerdo a las estimaciones del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF), el establecimiento no cuenta con más de 2002 plazas reales.
Sin embargo, destacan que “al revisar con detalle la situación particular de todos los sectores del Complejo, se advierte además que la distribución de la población no es homogénea y por lo tanto existen focos de hacinamiento grave en algunos lugares”.
Ejemplificaron con la Unidad Residencial de Ingreso, Selección y Tránsito del CPF I, donde se “alojaba 333 personas, cuando su capacidad real era de 309 y el Anexo URI acogía a 74 detenidos a pesar de que contaba con capacidad para 58”.
“Esta situación se presenta, además en el contexto de un incremento histórico de la población detenida en el SPF que al 31 de octubre pasado, alcanzó un total sin precedentes de 10.485 personas alojadas”, sostuvieron desde la Procuración Penitenciaria.
Siguiendo esta línea explicaron que el complejo carcelario de Ezeiza “replica la situación de otros establecimientos del área metropolitana de Buenos Aires”. En ese sentido destacaron que el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por ejemplo, “alojaba el 31 de octubre último, a 1608 personas, a pesar de contar con una capacidad declarada por el SPF para 1504 personas y el CPF CABA (Devoto), alojaba a 1740 sobre una disponibilidad de 1680 plazas”.
“La saturación del sistema carcelario ha llevado a situaciones extremas, como el alojamiento en vestuarios, gimnasios o salas de espera de personas a quienes, por no contar con un espacio de habitación adecuado se las denomina ‘sin techo’”, argumentaron desde la Procuración Penitenciaria.
Asimismo, destacaron que a fines de octubre pasado el juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, en el marco de otro habeas corpus de similar tono consignó que “se ha superado ampliamente el plazo para el realojamiento de los internos denominados sin techo” y que “estar a la espera, conlleva a continuar violando su derechos.”
“El debate acerca del uso del encarcelamiento y de los criterios para establecer la capacidad de los espacios de encierro es un requisito indispensable para una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos”, concluyeron desde el organismo dirigido por Francisco Mugnolo.
La semana pasada este organismo se pronunció a favor de incluir en el marco del debate por el nuevo Código Procesal Penal la discusión sobre cupo y condiciones carcelarias.