La situación de las personas privadas de su libertad a nivel nacional y provincial sigue en deterioro: esta semana, el defensor general de Santa Fe presentó un recurso de hábeas corpus al considerar que nada menos que 1.379 reclusos estaban detenidos en lugares que no cumplían con los mínimos requisitos que establecen las normativas internacionales de las Naciones Unidas.
La presentación de Ganón, según explica el mismo funcionario, es “generar un mecanismo de control efectivo”, y al mismo tiempo “obtener la fijación del cupo legal constitucional máximo de cada uno de los lugares de detención, sin perjuicio y con independencia del cupo administrativo que hayan fijado las administrativas”.
Las áreas abarcadas en el relevamiento del titular de la Defensoría santafesina son las unidades regionales de Rosario, Belgrano, Caseros, Villa Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo, en donde se encuentran detenidos todos los reclusos alcanzados por la medida.
En este mismo orden de ideas, el defensor propuso que se lleve a cabo “la clausura de determinados lugares que no reúnen ninguna condición ni para alojar en ellas una única persona”. Por eso solicitó que se prohíban nuevas entradas a los llamados “penales transitorios” y que se clausure el penal de la comisaría de Capitán Bermúdez, dado que se encuentra en un subsuelo inundable.
Ganón solicitó que “previo el control requerido de los jueces se disponga el cese de la prisión preventiva de todas y aquellas personas alojadas en dichos establecimientos que no cuenten con abogado particular que los represente y respecto de los cuales se evalúe que no existen motivos para concluir que subsisten los motivos de la prisión preventiva que vienen sufriendo, por encontrarse agravadas sus condiciones de detención en forma ilegítima toda vez que ello constituye adelanto de la pena por lo que en su caso, deberá disponerse su inmediata soltura o la morigeración de las medidas cautelares existentes contra su persona”.
Algunos de los puntos que destacó el funcionario a la hora de presentar el recurso son: el estado de los edificios, que consideró deplorable; los altos niveles de hacinamiento en todas las dependencias; la falta de acceso a luz natural y la falta de circulación de aire; la falta de provisión de alimentos.
También recordó que en muchos de los lugares no hay acceso a agua potable; no hay instalaciones sanitarias que cumplan con las condiciones mínimas de higiene y cuidado; no hay provisión de colchones, ropa y otros elementos de la cotidianeidad; y hubo muchas denuncias por violencia institucional practicada por los efectivos de las fuerzas de seguridad.
dju
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