La Presidenta prorrogó hasta el 31 de diciembre las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con el objetivo de sancionar el nuevo Código Procesal Penal, que esta semana obtuvo dictamen favorable en las comisiones en la que está siendo tratado en el Senado.
Este jueves, la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, prorrogó las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que habitualmente culminan todos los 31 de noviembre.
Según el decreto 2063/2014 publicado hoy en el Boletín Oficial las sesiones ordinarias se extenderán hasta el próximo 31 de diciembre. La decisión se adoptó "en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional", dice el decreto.
El objetivo es avanzar, entre otras cosas, con el proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Otra de las iniciativas que se planean aprobar en este periodo extraordinario es la Ley Argentina Digital. Ambas iniciativas se encuentran en el Senado de la Nación aunque con diverso avance.
Por un lado, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal obtuvo dictamen este miércoles, en un plenario de comisiones del Senado con varias modificaciones (más de cuarenta) y con un proyecto en minoría presentado desde la bancada de la Unión Cívica Radical.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado aprobó el dictamen y lo envió, junto con el de minoría, al recinto de la cámara alta donde el próximo 19 de noviembre será discutido por los senadores.
Con la extensión de las sesiones se prevé que si se le da media sanción en el Senado al proyecto luego haya tiempo para que la Cámara de Diputados pueda, primero, tratarlo en comisión y después sancionar la ley definitivamente antes de fin de año.
La otra iniciativa que motiva las sesiones ordinarias es el proyecto de Argentina Digital y que tendría dictamen favorable recién la semana que viene para ser recién llevado al recinto, también del Senado, en la semana del 26 de noviembre.
Esa iniciativa define como “servicio público en competencia” a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y, entre otras cosas, permite a las telefónicas que puedan prestar servicios audiovisuales.