La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de un proyecto que plantea sanciones a los policías que dejen de prestar servicio de manera injustificada. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y ahora debe ser debatido en la Cámara Baja.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de un proyecto que plantea sanciones a los policías que dejen de prestar servicio de manera injustificada.
Se trata de un proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado, donde se modifica el artículo 252 del Código Penal, sobre abandono de servicio del personal integrante de las fuerzas de seguridad.
La media sanción del senado detalla una sación de 750 a más de 12 mil pesos e “inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.
Asimismo se detalla que “el miembro de una fuerza de seguridad Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado” podría ser condenado a una pena de prisión de uno a tres años.
Pena que se agrava si “como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros”. Las penas en ese caso serían de dos a ocho años.
También se postula el caso de los militares donde se prevén penas de uno a seis años de prisión si abandonan “su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe”.
Pena que se eleva a 12 años “si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe”.
Ahora, la Comisión de Legislación Penal, presidida por Patricia Bullrich, emitió dictamen y el proyecto, autoría del senador Aníbal Fernández, avanza en su tratamiento.
“Hay que dar una señal clara respecto a las situaciones gravísimas que se vieron en Argentina”, dijo Bullrich durante la reunión del martes pasado en la tarde. Hector Recalde, flamante consejero de la magistratura, agregó que “el Congreso no puede estar ajeno al contexto y este es un momento muy oportuno para firmar dictamen”.