Qué dejó el Congreso en 2014

Después del paquete de leyes que se presentó como una “democratización” de la Justicia, la relación entre el Poder Judicial y los legisladores del oficialismo parecía que no podía alcanzar puntos de mayor discusión. Pero en 2014, las propuestas de Ejecutivo fueron un paso más allá y se produjeron algunos hechos de gran importancia, leyes que hacía tiempo no recibían ningún tipo de modificación.

 

Diario Judicial hace un repaso por algunos de los hechos más importantes a nivel legislativo que se dieron el año pasado y que generaron una gran polémica. Desde las reformas de códigos hasta la creación del, no por todos, ponderado Digesto Jurídico.

 

 

El traspaso a un sistema acusatorio en la Justicia Penal era un reclamo de larga data: el consenso acerca de la necesidad de garantizar una investigación imparcial a través de este método era, prácticamente, unánime. Por este motivo, la reforma del Código Procesal Penal se inscribe como uno de los hechos más importantes a nivel legislativo tanto de 2014 como del kirchnerismo en toda su gestión.

 

Sin embargo, al margen de que muchas personas se mostraron de acuerdo con el avance de este proyecto, hubo algunos puntos que generaron fuertes contrapuntos entre la oposición y el oficialismo, como el hecho de generar mayores facilidades para deportar a extranjeros que fueran encontrados cometiendo un delito en flagrancia.

 

Otro punto que aun genera cruces es la designación y creación de nuevos cargos fiscales a raíz de este reformado Código. Los diputados y senadores de la oposición hicieron señalamientos sobre el poder que adquiría la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, y no dudaron en afirmar que de esta forma se busca garantizar la impunidad para los funcionarios del Gobierno, es decir, que no sean investigados.

 

 

La discusión en torno al Código Civil y Comercial arrancó hace ya varios años: se organizaron jornadas, una comisión bicameral, y diversas instancias para llegar a varios consensos que a la hora del tratamiento ante los plenos de las cámaras Alta y Baja parecieron esfumarse. Los acuerdos se desvanecieron con los primeros debates donde las acusaciones se cruzaron, pero la mayoría oficialista se impuso nuevamente.

 

Entre otras cosas, se redujeron la cantidad de artículos y se redactó, en palabras de la propia presidente Cristina Fernández, de modo que cualquier persona pueda leerlo y entender su contenido. Además, se actualizaron cuestiones que ya se daban de hecho en la jurisprudencia, como la celeridad en los divorcios y lo relativo a las separaciones de hecho, que en el viejo código estaba contemplada con preceptos arcaicos, como la necesidad de estar sin otra pareja durante tres años después de la separación.

 

Pero también hubo un debate que generó mayor revuelo y que significó una vuelta atrás para todos los activistas a favor del aborto: el hecho de que la vida humana se considere desde la concepción. No solo fueron las personas pro aborto las que se quejaron al respecto, sino quienes impulsaron la ley de fertilización asistida, ya que entendieron que podrían existir trabas judiciales a la hora de trabajar con embriones. El nuevo Código, afirmaron, podría generar que se interprete que estos embriones son personas.

 

 

Con un tratamiento apartado del relativo a la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, la Ley que trataba la responsabilidad del Estado surgió como una forma de frenar los amparos que muchos legisladores oficialistas consideraban desmedidos. Otros de las bancas del Frente para la Victoria optaban por un discurso más apegado al presidencial, al advertir que esta norma se trataba para regular un asunto que necesitaba ser normado y no para evitar el dictado de medidas cautelares o juicios civiles en contra de los poderes estatales.

 

En agosto se promulgó la ley 26.944 que establece la responsabilidad del Estado  por “los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas”. La normativa había sido sancionada en julio del año pasado.

 

La responsabilidad del Estado, explica la legislación, desaparece en los siguientes supuestos: “por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y “cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder”.

 

 

En septiembre del año pasado, el fuero especial para la Defensa del Consumidor fue aprobado por 53 votos a favor y 11 en contra en la Cámara Alta. El consenso fue bastante generalizado, y en la votación de las partes específicas de la normativa sí hubieron más críticas de la oposición pero fue, por lejos, uno de los proyectos con mayor acompañamiento general que llevó a cabo el oficialismo.

 

Este nuevo fuero vino a dar cumplimiento al artículo 42 de la Constitución nacional. También se crearon, para estos fines, dos instituciones que funcionarán de forma prejudicial: el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.

 

Se crearán, también, ocho juzgados nacionales y federales que tendrán asiento en la Capital Federal, además de una Cámara de apelaciones que también tendrá asiento en la Ciudad. Las causas que recaerán en el fuero son las que sean relativas a montos que no superen un monto equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles.

 

 

La necesidad y utilidad de esta herramienta que conjuga toda la legislación vigente y recoge todas las leyes sancionadas para saber los precedentes de la normativa actual fue discutida, ya que algunos integrantes del mundo del Derecho no la consideran tan necesaria. Pero, sin embargo, el oficialismo afirmó que el Digesto es una forma de que la gente pueda acceder a consultas sobre legislación y sepa qué es válido y qué no para la Justicia.

 

Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, opinó con motivo de la sanción que este proyecto era “sumamente peligroso, porque siempre puede quedar alguna disposición aislada de una ley que no haya sido derogada, y que con motivo de la elaboración de este digesto se considere que si lo ha sido. El sistema tal como esta funcionando ahora no es eficaz,  pero mi pregunta es qué necesidad hay de saber cuál es el número de leyes en vigencia”.