La Cámara Alta bonaerense dio media sanción y giró a diputados una iniciativa que prevé descentralizar la Justicia de La Plata, en el marco de un proyecto más grande al respecto que es, desde hace algunos años, una política de estado en este sentido. De esta forma, y en este caso, se busca crear cinco juzgados laborales en la capital de la provincia. La propuesta pertenece al senador Luciano Martini (FpV-PJ).
Al mismo tiempo, se aprobó una propuesta que establece que las víctimas de Violencia Institucional podrán recibir patrocinio letrado gratuito. El proyecto es de la autoría de la senadora Mónica Macha (Nuevo Encuentro-FpV).
La idea de Martini es crear dos tribunales de Trabajo con asiento en La Plata y competencia sobre La Plata, Coronel Brandsen, General Paz, Magdalena, Punta Indio y Monte; otro en la ciudad de Ensenada con competencia en Ensenada y Berisso.
También se creará, de aprobarse la propuesta en diputados, otro tribunal en la ciudad de Cañuelas que tendría competencia en Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón; y finalmente, otro con asiento en la ciudad de Saladillo, con competencia sobre Saladillo, Lobos y Roque Pérez.
En sus fundamentos, el integrante de la Cámara Alta consignó que "el promedio de sentencias dictadas por los Tribunales del Trabajo de La Plata supera al promedio de la gran mayoría de los Tribunales de los restantes Departamentos Judiciales".
"Pese a ello, los Tribunales platenses resuelven alrededor de 700 causas al año (contando tanto las que culminan por sentencia como la que culminan por conciliación), lo que implica que cada año existe un remanente de alrededor de 500 causas que quedan sin resolverse y se van acumulando", añadió en este mismo sentido Martini.
Por su parte, la propuesta de Macha establece que quienes se vean afectados por el accionar de un agente del Estado puedan requerir a un defensor oficial asesoramiento y representación en el marco de la lucha contra la Violencia Institucional.
Más concretamente, la medida dispondrá, tras su aprobación, que las personas que sean víctimas de este tipo de violencia o sus familiares puedan ser representados como particulares damnificados en el proceso.
Macha consignó en relación a esta iniciativa que “para los sectores populares, que son las principales víctimas de Violencia Institucional, es problemático el acceso a la justicia. Con este proyecto buscamos que el Estado garantice un representante legal de forma gratuita y cualquiera sea la condición social de la víctima. Cuando hablamos de violencia institucional se trata de integrantes del Estado que violan los derechos de un ciudadano, por eso creemos que es imprescindible que la víctima cuenta con un defensor oficial para llevar adelante la denuncia”.
“Este proyecto de Acceso gratuito a la Justicia para víctimas de Violencia Institucional es una herramienta complementaria de la ley que hemos impulsado de Fiscalías Especializadas en la temática y que avanza en el mismo sentido en la lucha contra la impunidad”, explicó la senadora.
dju
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