Los jueces bonaerenses se plantan

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires elaboró dos declaraciones en las que ponen de manifiesto varias críticas al funcionariado provincial por la situación carcelaria, y donde además se defiende la labor de los jueces de Ejecución Penal, quienes, según afirman, son atacados por la conducta de quienes acceden a la libertad, sea condicional o no, gracias a sus decisiones.

 

El caso del juez Axel López, quien fue sometido a un jury para removerlo de su cargo (que finalmente no prosperó) funciona como un ejemplo que grafica la situación que atraviesan muchos magistrados del fuero: concretamente, la declaración de la Red expresa que el incumplimiento de las condiciones fijadas para el egreso de la cárcel repercuten en la opinión sobre el trabajo de los jueces.

 

Las declaraciones que tienen datos propios, al mismo tiempo, de un informe, dejan entrever varias actitudes que desde la organización, y ciertamente a todas luces, son contradictorias. Cuando se llevan a cabo acciones de hábeas corpus correctivos, los firmantes de estos documentos se preguntan por qué organismos de la administración pública presentan recursos contra estas decisiones, cuando el estado de deterioro de pabellones, para poner por caso, clausurados es notorio.

 

En la presentación, los jueces enumeran varios de los problemas que atraviesan a la población carcelaria: cuestiones sanitarias, alimentarias, de infraestructura y de los elementos que se les deben brindar a las personas privadas de su libertad para una correcta reinserción en la sociedad.

 

También se ponen de manifiesto otras cuestiones que han sido motivo de recursos de hábeas corpus, como los traslados “infrahumanos” a los que se ven sometidos los presos y lo precario que resulta ser, también, el alojamiento en comisarías o distintos tipos de dependencias policiales. Los magistrados recordaron que en el precedente “Verbitsky”, de la Corte Suprema, se acordó que los calabozos no serían utilizados como espacios de alojamiento. Esto se cumplió de forma parcial durante algún tiempo, pero hace ya cerca de tres años se dispuso la reapertura.

 

En relación a la situación que atraviesan los jueces de Ejecución Penal, que, vale la aclaración, resultan ser pocos para atender el enorme caudal de causas de la Justicia, tanto nacional como provincial en este caso, la Red recordó la normativa constitucional que ampara la función de estas personas.

 

En la declaración se señaló que “no podemos menos que rechazar los recurrentes e incisivos ataques que vienen sobrellevando estos magistrados que —en el cabal cumplimiento de sus deberes jurídicos, al amparo de las normas constitucionales y legales que enmarcan su actividad jurisdiccional— dictan medidas y resoluciones que no tienen por qué ceñirse a las recomendaciones técnicas de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), las más de las veces, proclives a mantener el encierro inflexible de los internos, aun cuando —en muchos casos— gozan de excelente concepto y conducta ejemplar, a criterio de las propias autoridades del SPB”.

 

“Cabe destacar, asimismo, que hay varios Departamentos Judiciales en los que las decisiones adoptadas en la materia se hacen en el ámbito de audiencias orales, públicas y contradictorias: tal es el caso de Mar del Plata, Necochea y Dolores. Además, en todos los casos de la fase ejecutiva, se prevé la activa intervención de un representante del Ministerio Público Fiscal, quien dispone de amplias potestades recursivas para lograr que las sentencias dictadas por los Jueces de Ejecución Penal puedan ser reexaminadas por un tribunal de segunda instancia”, expusieron los firmantes.