Córdoba: imputaron a siete vecinos en un caso de linchamiento | El Estado Argentino pidió disculpas por las destituciones de tres juezas en la provincia de San Luis | Causa García Belsunce: la Corte bonaerense ordenó revisar la condena a perpetua de Carlos Carrascosa
Siete imputados por un supuesto linchamiento en Córdoba
Fue por un caso ocurrido en Quebrada de las Rosas, al norte de la Ciudad Córdoba, en el que un presunto ladrón fue golpeado hasta quedar inconsciente y falleció tras trece días de agonía. El fiscal que instruye la causa, Rubén Caro, a cargo de la dependencia del Distrito 4 Turno 3, imputó a siete personas por el delito de "homicidio en agresión" de José Luis Díaz. Según informa "La Mañana de Córdoba" Díaz habría abordado a un jóven con un arma de juguete y éste, tras percatarse de ello, comenzó a forcejar, recibiendo un golpe. Tras esta situación, un grupo de vecinos acudió en su ayuda, golpeando a Díaz hasta dejarlo inconsciente y atado a un poste.
El Estado se disculpó por la destitución de tres juezas puntanas
A través de un comunicado, y en respuesta a lo solicitado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuración General de la Nación aseveró que "se tiene por acreditado que Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga y Silvia Susana Maluf de Christin no gozaron de las debidas garantías en los procesos seguidos en jurisdicción provincial de los que derivaran sus destituciones a consecuencia del legítimo ejercicio de su derecho". En este sentido, el texto contextualizó que “en función del reconocimiento de responsabilidad internacional formulado en el caso, el Estado argentino considera oportuno presentar sus más sinceras disculpas a Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga y Silvia Susana Maluf de Christin, por los hechos sufridos a raíz del proceso tramitado en la Provincia de San Luis que derivó en sus destituciones como juezas en la citada provincia, que tuvieron lugar, respectivamente, el 6 de noviembre de 1998, el 17 de diciembre de 1998 y el 1 de noviembre de 2002, y que fue conducido de un modo contrario a los estándares nacionales e internacionales exigibles en la materia”.