El Sistema de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias presentó la Memoria Anual del Sistema para el período 2013-2015 y, de esta manera, dio a conocer los resultados de los monitoreos realizados.
Durante el periodo, el Sistema efectuó diversos monitoreos en distintas Unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) e Institutos de Menores. En las visitas detalladas en el informe, se resaltó la situación de los pabellones, condiciones de alojamiento e higiene, alimentación, actividades de estudio, laborales o de recreación física o mental.
“El control amplio y efectivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad constituye una propuesta de cambio cultural en el ámbito judicial; así como una evolución de la perspectiva de abordaje de las cuestiones penitenciarias y las condiciones de detención, mirar tras los muros desde la óptica de los Derechos y ya no de las prohibiciones”, destacó el informe.
Por ejemplo, en la inspección efectuada al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2), el Sistema se encontró con los sectores conocidos como “retenes” ubicados en la entrada de todos los pabellones, donde se alojan "a personas sin las mínimas condiciones que exige la pauta constitucional y legal".
Según en informe, en estos espacios se ubican a las personas “sin camas, ni baños, ni las mínimas condiciones de higiene (...) los internos hacían sus necesidades fisiológicas dentro de esos sectores cerrados en baldes, botellas o bolsas que permanecían en el lugar. No recibían su comida puntualmente ni contaban con ninguna posibilidad de realizar actividades de estudio, laborales o de recreación física o mental”.
Por otro lado, en el registro a la Unidad 17 “La Candelaria” y a los lugares de alojamiento de presos federales de Misiones, el informe concluyó que “los lugares no son adecuados para el alojamiento de los internos: no tienen recreos, no realizan tareas laborales, ni educativas, carecen de los elementos mínimos para la habitabilidad por lo que la práctica de alojamiento en dichas dependencias debería ser descartada”.
“Es evidente que las condiciones de encierro, resultan indignas, inhumanas e intolerables. Grandes índices de hacinamiento, falta de higiene y ventilación son algunas de las fallas detectadas que atentan contra el trato digno a los reclusos. La permanencia en aquellos espacios es opresiva e irrespirable”.
Por último, durante la visita al Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, los miembros de la comitiva resaltaron la necesidad de los “aspectos asistenciales vinculados a las problemáticas propias del género femenino”.
"Se reclamó la puesta en práctica de programas destinados a la efectiva realización de exámenes ginecológicos preventivos –tales como mamografías, papanicolau y ecografías- y de prevención de enfermedades infectocontagiosas de todas las mujeres alojadas en el complejo, salvo que no presten su consentimiento debidamente informado", detalló el documento.
En la actualidad, el Sistema está integrado por la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal; su Subcomisión, compuesta por jueces de tribunales orales y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; el representante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; los jueces nacionales de ejecución penal; la Procuración General de la Nación; la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Asimismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal intervienen en carácter de miembros consultivos.