En Santa Fe, un recurso de hábeas corpus que llegó hasta la Corte Suprema provincial motivó que un juez de Instrucción ordenara clausurar un pabellón y una celda de castigo de una cárcel. Hubo denuncias de torturas y tratos inhumanos.
El sistema penitenciario argentino tiene serias falencias. Las denuncias por malos tratos, torturas, condiciones inhumanas de subsistencia, entre otras cosas, son moneda corriente tanto en la Justicia como en organismos de defensa de los derechos humanos, donde son llevados adelante los reclamos de las personas privadas de su libertad. Por eso, y aunque sea una situación corriente, no hay que naturalizar estas cuestiones.
De esta forma es que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, Nicolás Falkenberg, decidió ordenar la clausura de un pabellón y la celda de castigo de una unidad penitenciaria de esa provincia a raíz de un hábeas corpus presentado ante la Corte Suprema santafesina. Asimismo, el magistrado ordenó la intervención de las autoridades de los ministerios de Seguridad y Salud.
El recurso interpuesto ante el máximo tribunal provincial fue presentado por el defensor Público General, Gabriel Ganón, quien se había hecho eco de los reclamos de tres reclusos que sufren graves problemas de salud, a la vez que también hizo precisiones, en su presentación, sobre la situación que fueron víctimas de tratos inhumanos y torturas de parte de los uniformados en la celda de castigo.
Esta acción se da en el marco de las primeras actuaciones del Servicio de Defensa Pública que actuará con plena vigencia cuando se realicen todas las modificaciones correspondientes a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. Así es que luego de un recorrido por todas las cárceles provinciales, iniciado a principio de este año, se realizaron conclusiones de donde derivaron muchas denuncias.
Así es que el mes pasado, cuando llegaron al penal de la localidad de Las Flores, donde, según consignaron, se advirtieron “serias irregularidades”, y de acorde al hábeas corpus presentado ante la Corte santafesina, el juez Falkenberg constató que en la unidad penitenciaria no se cumplen los estándares constitucionales e internacionales de reclusión.
En tanto, Ganón había planteado que las condiciones edilicias son “lamentables” y en relación a la cuestión higiénica y sanitaria, aseguró que era “paupérrima”, con baños "desbordados, falta de colchones, sábanas y frazadas; cloacas tapadas, pisos sucios, humedad, falta de calefacción y vidrios rotos", y otras cuestiones relativas a la denuncia.
Por su parte, Falkenberg aseguró que de las 62 celdas que hay en el pabellón clausurado, solo 43 eran utilizadas, agregando que allí existía "ambiente deplorable para habitar por parte del interno y hay riesgo cierto para su integridad física". Asimismo, precisó que ese sector no estaba en condiciones de habitabilidad, por lo que decidió cerrarlo.
En ese mismo orden es que ordenó el cierre inmediato de la celda de castigo, lugar en el que"se constató que las personas alojadas no tiene problemas de disciplina, sino que son internos con problemas de convivencia y riesgo de agresión, por diferencias personales". Relató que los reclusos "no realizan ningún tipo de actividad y tienen solo 30 minutos para salir al patio".
También dio un plazo de 15 días para que las autoridades carcelarias brinden colchones y ropa de cama a los internos que fueron trasladados desde el pabellón clausurado a distintos sectores de la cárcel.