En las últimas semanas, una serie de presentaciones de parte de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y de legisladores opositores ante la Cámara Nacional Electoral suscitaron que sus integrantes decidieran tomar algunas acciones para asegurar los próximos comicios que determinarán quién será el presidente de nuestro país en los próximos cuatro años.
El marco para esta resolución no podría ser, acaso, peor: la Justicia declaró nulas las elecciones de Tucumán, provincia en la que además se denunció la quema de urnas; hubo dificultades con las boletas en diferentes distritos; hubo quejas de todos los partidos en este sentido. Y por supuesto, los señalamientos por fraude no tardaron en aparecer en todo el país.
Por eso, los miembros de la CNE entendieron que debían establecer algunas reglas básicas de cara a las elecciones, entre las cuales se destaca la disposición de un cuarto oscuro extra que ocuparán las boletas destinadas a la reposición.
Entre otras cosas, los jueces establecieron que el Comando General Electoral realizará un seguimiento en tiempo real, a través de varios equipos GPS de los vehículos que llevan la documentación y el material electoral; también se prevé que las agrupaciones políticas brinden más boletas propias en uso de la franquicia prevista en el código electoral.
Las autoridades de mesa serán instruidas para hacer inspecciones al cuarto oscuro una vez cada diez votantes, de modo que se pueda verificar la existencia de boletas de todas las agrupaciones; y también se autorizó la actuación de los fiscales de las fuerzas ante hechos irregulares.
También se encomendó un operativo especial al Ministerio Público Fiscal (MPF): durante el próximo 25 de octubre, las fiscalías con competencia electoral deberán tener una línea de atención telefónica durante todo el día, en la que se denunciarán actos de clientelismo, retención de documentación electoral, robo de boletas, entre otros hechos.
Los camaristas ordenaron poner a disposición de los fiscales partidarios equipos que permitan hacer un seguimiento en tiempo real del recuento de votos, en torno a los escrutinios provisorios y definitivos.
Los jueces establecieron que “el Correo debe autorizar la acreditación de fiscales partidarios en los centros de recepción, digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio. También se reitera a la Dirección Nacional Electoral la solicitud de papel autocopiante para la impresión y confección del Acta de escrutinio, en reemplazo del telegrama que se usa para el escrutinio provisorio, a efectos de evitar errores de transcripción”.
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