Un Registro Único de Aspirantes para el traspaso a los ministerios públicos

Por medio de un oficio dirigido al presidente de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Julio Urtubey, los titulares del Ministerio Público Fiscal, del Consejo de la Magistratura de la Nación y de las cámaras nacionales de Casación en lo Criminal y Correccional y de Apelaciones en lo Criminal y Correccional propusieron crear un ”Registro Único de Aspirantes” al traspaso del Poder Judicial de la Nación a los Ministerios Públicos de la Nación.

A partir de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación (27.150), se le asignó a la Comisión Bicameral el diseño de “propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en la Justicia Federal y Nacional Penal, y elevarlas a los órganos competentes”.

De esta forma, el oficio estimó “conveniente la creación de un Registro Único de Aspirantes al traspaso de funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Nación a los Ministerios Públicos de la Nación para el sistema de administración de justicia penal nacional”.

“La realización de una medida de estas características constituiría un paso fundamental para la optimización de los procedimientos internos de adecuación de las instituciones que representamos”, afirmó la nota que lleva la firma de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez; la presidenta de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich.

Al respecto, la consejera-jueza Gabriela Vázquez recalcó "la importancia de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, ya que acelerará los tiempos de la Justicia", y agregó que "con la existencia de un registro único de aspirantes no sólo se garantizan los derechos de los trabajadores judiciales a la reasignación y adecuación de sus tareas a las nuevas necesidades que se desprenden de este nuevo código, sino que además se resguarda la carrera judicial”. 

Así, el documento refirió que “el registro sugerido brindaría datos precisos sobre el universo de empleados/as y funcionarios/as que en esta primera oportunidad resulten interesados en pasar a desempeñarse en los Ministerios Públicos, circunstancia que permitirá avanzar en los dispositivos de traspaso de personal que prevé el artículo 33 de la Ley de Implementación”.

El artículo 33 establece que “los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales involucrados en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación también podrán solicitar su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las reglamentaciones que estos organismos dicten a tal efecto”.

“Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación estarán en igualdad de condiciones que los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa a los efectos del acceso a los nuevos cargos que se creen, el ascenso y la asignación de funciones. En todos los casos se respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y especialidad técnica”, concluyó la normativa.

Por otra parte, la propuesta subrayó que “la información obtenida seria de crucial importancia para la planificación de instancias de capacitación y diagramación de futuros equipos de trabajo”.

Además, la nota destacó que “se busca maximizar las posibilidades de crecimiento laboral y profesional de todas las personas que se desempeñan en el ámbito del sistema de justicia nacional penal”.