La Cámara Baja dio sanción definitiva esta medianoche al paquete de seis leyes orientadas a completar la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), impulsada por el gobierno nacional, en un debate que llevó más de ocho horas de duración y contó con 31 oradores.
En votación separada por cada ley, pero en una sola vez en particular y en general, el primer proyecto aprobado fue el de la ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (130 votos favorables, 88 en contra) y segunda la de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (130, 88 negativos).
La tercera fue la reforma al Código Penal de la Nación, referida en forma especial a causales para la suspensión del juicio a prueba (187 positivos, 29 negativos y 2 abstenciones del Frente de Izquierda); la cuarta fue la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (130 afirmativos, contra 88); quinta la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (163 a favor, 55 negativos); y sexta la de Implementación del CPP (133 a favor, 81 en contra y 3 abstenciones del FIT).
Se trata de los proyectos de ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; Implementación del CPP; reforma al Código Penal, referida en especial a causales para la suspensión del juicio a prueba; ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; y de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La oposición, con posturas dispares, coincidió en hacer fuertes cuestionamientos a la ley Orgánica del Ministerio Público, en especial por lo que considera el poder y la aparente discrecionalidad que se le otorga a la Procuradora General de la Nación.
Por su parte, en orden a los proyectos de implementación del nuevo Código, el diputado Manuel Garrido (UCR) consignó que “estamos estableciendo una monarquía dentro de nuestro sistema democrático: no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración que puedan revisar sus acciones y tampoco garantiza un buen funcionamiento que el cargo sea vitalicio o que nombre a su propio reemplazo”.
El legislador afirmó que “la propia Gils Carbó (por la procuradora general de la nación) admitió no tener auditoría sobre sus gastos. El único control que establece la ley es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que en 20 años no se ha establecido”.
Como contrapartida, Graciela Giannettasio (FpV) consignó que “tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto”, en referencia a los ataques a la procuradora general. “Yo no tengo que defender a nadie y a nadie blindaría ni blindé nunca”, afirmó, de cualquier forma, la diputada.
También consignó que las críticas de la oposición no apuntan al nuevo cuerpo normativo, sino específicamente a Gils Carbó. “Algunos quieren que no haya acceso a la justicia para todos y lo demuestran de distintas maneras”, agregó.
dju
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