Corte a la Ley de Subrogancias

El  Máximo Tribunal de la Nación declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias establecido por la Ley 27.145 y fijó expresamente un conjunto de pautas transitorias para la designación de subrogantes.

En cuanto a la situación del juez Laureano Alberto Durán, los jueces invalidaron su nombramiento, así como los de todos aquellos que actualmente se encuentren subrogando y cuyo procedimiento de designación no se haya ajustado a las pautas fijadas en la sentencia. “Esto implica que resultan inválidos todos los nombramientos de subrogantes, a excepción de los casos en los que se haya designado para subrogar a un juez titular y que este último haya sido elegido por sorteo u orden preestablecido en una norma general”, explicó el fallo.

Además, los ministros declararon “la invalidez de todas las listas de conjueces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura”, y expresaron “la validez de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha por los subrogantes al amparo de las designaciones que aquí son declaradas inválidas”.

Sobre este punto, los magistrados resolvieron mantener “el ejercicio de sus cargos por el plazo de tres meses a aquellos subrogantes cuya designación es invalidada en esta sentencia, salvo que con anterioridad cesen las razones que originaron su nombramiento”, y en el caso de los jueces subrogantes en materia penal que “a la fecha del dictado de la presente sentencia se encuentren interviniendo en audiencias de debate oral y público en curso, al único efecto de que estas se concluyan y se dicte sentencia”.

La causa se dio en los autos "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”, donde los jueces de la Corte consideraron que “el sistema ideado no contiene ningún baremo objetivo que pueda justificar para cada designación la preferencia de un candidato respecto de los restantes”.

En el fallo, que marca un precedente judicial, los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco recordaron que “la implementación de un régimen de subrogaciones es un remedio excepcional de política judicial que, ante supuestos de ausencia transitoria o permanente del juez titular de un determinado tribunal, persigue mantener el normal funcionamiento de la administración de justicia mediante el reemplazo de dicho magistrado (…)”.

Por unanimidad, la Corte reiteró que “no se trata aquí de negar la posibilidad de que se implemente un sistema de contingencia, que incluya un listado de conjueces para la cobertura de vacantes a los efectos de garantizar el derecho de las personas a contar con un tribunal que atienda en tiempo oportuno sus reclamos”.

“Lo que corresponde dejar en claro es que, para resguardar adecuadamente la garantía de independencia del Poder Judicial, se deben agotar todas las posibilidades para que las vacantes sean cubiertas, en primer término, por quienes accedieron a un cargo en la magistratura de acuerdo con el especial mecanismo establecido en la Constitución Nacional”.

Respecto a la función del Consejo de la Magistratura, el Máximo Tribunal opinó que “ejerce con absoluta discrecionalidad su atribución de designar jueces subrogantes pudiendo elegir directamente -entre aquellos comprendidos en el artículo 2°- qué persona quiere para un juzgado o tribunal determinado y también para una causa en particular”.

Sobre este punto, la Corte señaló que “la invalidez del nuevo sistema es aun más patente porque le confiere al Consejo de la Magistratura la facultad, en supuestos de excusación o recusación del magistrado titular, de designar al juez subrogante que intervendrá en un caso específico de un modo totalmente discrecional”, y añadieron que esto se traduce “en la facultad de nombrar a un funcionario otorgándole jurisdicción para entender en forma especial o accidental”.

En esa línea, los ministros coincidieron con los recurrentes al sostener que “la ley 27.145 tampoco cumple con los criterios sentados en la causa Rosza, en cuanto permite que, para supuestos excepcionales, sea el Consejo de la Magistratura quien, directamente, nombre al subrogante, prescindiendo de la necesaria participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación”.

Finalmente, los jueces del Máximo Tribunal consignaron que “el texto de la norma habilita al Consejo de la Magistratura a designar jueces subrogantes en tribunales que, a pesar de haber sido creados y cumplir con las demás condiciones allí previstas, no se encuentren en funcionamiento ni hayan sido habilitados para ello”.

Régimen transitorio

En el marco de la controversia suscitada por las designaciones de jueces subrogantes, los ministros de la Corte Suprema también fijaron pautas transitorias hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste al fallo.

De esta forma, en el caso de los juzgados de primera instancia se deberá “nombrar un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan asiento más de un juzgado de igual competencia”, y para los restantes tribunales inferiores a la Corte, “por sorteo siguiendo el orden al que remite el Decreto 1285/58, según Ley 26.371”.

Una vez agotadas estas posibilidades, los ministros resolvieron que “se deberá convocarse a un magistrado jubilado que haya sido nombrado de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional”. Así, las cámaras deberán elaborar un listado de jueces jubilados, y la designación se realizará por sorteo.

Por último, en los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión o licencias inferiores o iguales a 60 días de los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema, “la designación del juez subrogante o del jubilado corresponderá a la cámara del fuero, de acuerdo a los parámetros establecidos precedentemente”.

El caso “Uriarte”

La causa se inició por una acción impulsada por los presidentes de los Comités de La Plata y Magdalena de la Unión Cívica Radical, Marcelo Uriarte y Martín Villena, patrocinados por los abogados Gonzalo Fuentes y Marcelo Garófalo, con el fin de “hacer cesar el estado de incertidumbre generado mediante la Resolución 331/14 del plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, y el artículo 7° del Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación, aprobado por la Resolución 8/14 de ese cuerpo colegiado”.

En consecuencia, los actores solicitaron que “se declare la inconstitucionalidad de ambos; y, en su mérito, se deje sin efecto la designación de Laureano Alberto Durán, como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, con competencia electoral en ese distrito”.

En julio pasado, el juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo hizo parcialmente lugar a la demanda y, por lo tanto, declaró la inconstitucionalidad de las dos resoluciones del Consejo de la Magistratura cuestionadas y dejó sin efecto la designación de Durán.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a la apelación interpuesta por el Consejo de la Magistratura y revocó esa decisión. En este contexto, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, convalidó el nombramiento del magistrado subrogante Laureano Durán, ya que entendió que “fue realizado en diciembre de 2014 con el régimen normativo anterior de subrogancias, por lo que no corresponde analizar en este caso la constitucionalidad de la ley 27.145”.

En diálogo con Diario Judicial, el abogado patrocinante, Gonzalo Fuentes señaló que “el fallo constituye un pronunciamiento histórico. La Corte Suprema de Justicia, como garante de la vigencia de la Constitución Nacional, hoy ha dado un pronunciamiento sumamente importante que pone fin al régimen de subrogancias que había establecido la ley 27.145 y, de esta forma, retoma el sendero de la vieja normativa del decreto 1285/58 y de la ley 26.376”.

“Recibimos este fallo con enorme alegría. La Corte pocas veces ejerce una función docente de cómo el legislador va a tener que cubrir el nuevo régimen de subrogancias, ya que en la parte resolutiva establece una serie de pautas. Es una visión muy moderna de lo que se denomina Justicia dialógica”, remarcó Fuentes.