La última sesión de la Cámara Alta antes del cambio de mando dejó dos novedades: la reincorporación de la obligatoriedad de que exista un camino sirga en los ríos y lagos -incorporación al nuevo Código Civil y Comercial- con propietarios colindantes, y la reparación a las víctimas de trata de personas.
A contramano de lo que sucedió en el plano general, la bancada del Frente para la Victoria en el Senado tendrá, tras la renovación de autoridades, una mayor cantidad de escaños. En la que acaso fue la última sesión bajo la actual composición, se dio media sanción a dos iniciativas con temas que estaban postergados en la agenda parlamentaria y que forman parte de viejos reclamos de sectores muy perjudicados: uno es la reincorporación del camino de sirga al Código Civil y Comercial, y el otro es la reparación a las víctimas de trata de personas.
El camino de sirga es un camino que debe quedar abierto en ríos y lagos cuyos terrenos lindantes estén en manos privadas. El reclamo es viejo y atañe a las múltiples poblaciones que viven de la agricultura y la pesca familiar, que muchas veces se ven vedadas de acceder a los recursos naturales porque quienes adquieren esas tierras clausuran todo alrededor, acaso creyendo que son dueños de los recursos naturales que encierran.
La iniciativa pertenece a Magdalena Odarda (UNEN), quien afirmó durante el debate que “el camino de sirga es aquel espacio costero de carácter público que debe ser respetado en todos los ríos y lagos por los propietarios colindantes, y al que pueden acceder todos los ciudadanos”.
La legisladora también recordó a una de las víctimas de la injusticia que representa que no existan estos caminos, Cristian González: “Este proyecto es en honor a Cristián, a su familia y a su causa. Cristián fue asesinado el 30 de agosto de 2006 mientras pescaba en el río Quilquihue junto con dos amigos. Es el símbolo de esta lucha por el libre acceso a las costas”.
En tanto, en relación al proyecto de reparación a las víctimas de trata que obtuvo media sanción, la senadora Marina Riofrío (FpV) consignó que se trata de una pensión no contributiva que durará diez años, y se brinda en el marco de la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Se aplicará cuando exista una sentencia judicial condenatoria.
La integrante de la Cámara Alta manifestó que “si bien no alcanza para reparar el daño causado, contribuirá en parte a afrontar la situación de desprotección y desvalidamiento a la que quedan expuestas las víctimas de trata, aún luego de su rescate, ya que el objetivo de estas pensiones no contributivas es promover el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad social”.
“No hay dudas de que para nuestro país la lucha contra la trata de personas es una política de Estado y una batalla cultural que estamos librando, es por eso que agradezco el acompañamiento de las senadoras y senadores para reforzar desde el Parlamento el apoyo a las víctimas con esta justa reparación”, observó Riofrío.