Corte para tres

Tal como estaba previsto, a partir de las 00.00 hs. Carlos Fayt dejó de ser ministro de la Corte Suprema después de 32 años y con ello el Máximo Tribunal quedó con sólo tres integrantes. El mínimo indispensable para su funcionamiento.

En poco  menos de dos años la Corte Suprema se vio resentida y ya no fue la misma. La conformación Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay había conseguido estabilidad en su funcionamiento, pero los problemas de salud de Carmen Argibay y Enrique Petracchi comenzaron a hacer mella.

En mayo de 2014 falleció Argibay y desde ese momento se empezó a hablar de la conformación de las mayorías y la ocupación de la vacante con conjueces. Es que la Ley 26.183, dispuso la reducción a cinco del número de jueces del Máximo Tribunal,  detalla que las decisiones cuando se adoptarán por el voto mayoritario de cuatro de sus miembros.

Sin fallos “cruciales” hasta ese momento, los votos del Máximo Tribunal raramente terminaron divididos. En octubre, además, hubo otro sacudón, el fallecimiento de Enrique Petracchi. La Corte llegó finalmente a los cinco miembros establecidos por la Ley de 2006, aunque no fue por mucho tiempo, ya que a principios de noviembre Raúl Zaffaroni presentó su renuncia, que se iba a hacer efectiva en enero de 2015.

La danza de los candidatos

Con cuatro integrantes, urgía al Poder Ejecutivo la propuesta de un candidato en reemplazo de Zaffaroni. Por ello, a mediados de enero se anunció la candidatura de Roberto Carlés, un abogado que fue coordinador del proyecto de reforma del Código Penal que encabezaba Zaffaroni.

La candidatura de Carlés se mantuvo en el centro de la escena ya que desde los sectores de la oposición se hizo público un acuerdo por el cual distintas fuerzas políticas se comprometían a no aprobar ninguna propuesta en el medio de un año en el que era posible un cambio de gobierno.

Fue así que Carlés obtuvo la aprobación de su pliego en el recinto del Senado y concurrió a la audiencia pública prevista por el Decreto 222/03, aunque su pliego finalmente no fue tratado en el pleno de la Cámara Alta.

Con Carles en stand by, la Corte Suprema siguió estando en el centro del debate público, y no precisamente por sus fallos. En mayo se oficializó la tercera reelección seguida de Ricardo Lorenzetti como presidente del Tribunal Supremo y empezaron las acusaciones cruzadas respecto de cómo fue la elección.

Horacio Verbitsky había escrito en su columna dominical de Página /12 que Fayt no había sido parte del acuerdo de la Corte en el que se eligió a Lorenzetti por un nuevo periodo de tres años al frente de la Corte. Según el periodista, Fayt suscribió la acordada en su departamento, por lo que la parte de la Acordada que decía “Reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal” era inexacta.

Como si esto fuera poco, en esos días la Corte había dictado la nulidad del Decreto 856/2014, que había designado a diez abogados como conjueces del Tribunal Cimero, ellos eran León Carlos Arslanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Alberto Marcer, Héctor María García Cuerva, Arístides Horacio Corti, Carlos María Carcova, Walter Mario Huggias, Raúl Gustavo Ferreyra, Ricardo Augusto Nissen y José Rolando Chirico. La Corte argumentó que el acuerdo por el cual se los designó “no contó con el voto de los dos tercios de los miembros presentes del Senado de la Nación, como exige el artículo 99, inc. 4°, primer párrafo de la Constitución Nacional”

A partir de ese momento se comenzó a cuestionar la idoneidad física de Carlos Fayt para seguir como ministro de la Corte. En el medio, además, había surgido el rumor de una renuncia de Lorenzetti a la presidencia por supuesto “cansancio moral”. La Corte también emitió un comunicado en el que señaló que “ante versiones publicadas” ratificaba “total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015”.

La escalada sobre Fayt no disminuyó sino que, de lo contrario, en la Comisión de Juicio Político de  la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el inicio de un "proceso investigativo" con el objeto de determinar la "capacidad psicofísica" del ministro decano.

La vorágine electoral cambió el panorama político y “el caso Fayt” perdió fuerza. El magistrado continuó en su puesto, pero el 15 de septiembre de 2015 anunció su renuncia, que se iba a hacer efectiva este viernes 11 de diciembre.

Las elecciones pasaron y, luego de conocerse que Daniel Scioli y Mauricio Macri iban a enfrentarse en el ballotage, se anunciaron dos nuevos candidatos para integrar las ahora dos vacantes y el consiguiente retiro del pliego de Roberto Carlés. Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse pasaron a ser los nombres propuestos.

“Por el motivo de los fallecimientos de los doctores Enrique Enrique Santiago Petracchi y Carmen Argibay, así como con la renuncia del doctor Eugenio Zaffaroni, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la actualidad no alcanza a cubrir el número de cinco integrantes dispuestos por la ley 26183 (…) debe agregarse otra vacante generada por la renuncia del doctor Carlos Fayt (…) la cual se hará efectiva el 11 de diciembre de 2015”, rezaba el documento por el que se propuso a ambos candidatos.

Pero el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones del último 22 de noviembre hizo que los tiempos para las designaciones se diluyeran. Los pliegos de Sesín y Sarrabayrouse ingresaron al Senado el 25 de noviembre, por el trámite exigido para el nombramiento de un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultó imposible designarlos antes del cambio de gobierno.

Con esa incertidumbre respecto de los pliegos y con declaraciones públicas tanto de Ricardo Lorenzetti como de Juan Carlos Maqueda respecto de la necesidad de conformar el Tribunal con todos los miembros estipulados por Ley, el último jueves Macri tomó posesión del cargo de Presidente. En su discurso inaugural habló de la Justicia pero no precisó cómo se iba a actuar en relación a las candidaturas.

La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) le solicitó en una reunión al nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, que una mujer sea incorporada a la Corte Suprema de Justicia. Amnistía sostuvo en un comunicado que reclamó la incorporación de una mujer en la integración de la Corte de acuerdo a los postulados del Decreto 222/03 y los principios constitucionales y de derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, AI resaltó los avances logrados por la Corte en torno a problemáticas vinculadas a la mujer y particularmente a la situación de discriminación y violencia de género a través de la creación de las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica.