La deuda interna del Consejo de la Magistratura

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano presentaron el informe sobre “La situación de la Independencia Judicial en Argentina”. Según el documento, desde 2011 el Consejo de la Magistratura se halla en un estado de “virtual paralización”, lo que le impide cumplir con sus funciones centrales y se refleja en “bajísimos niveles de productividad”.

“Desde hace varios años su actividad ha decrecido de manera constante, llegando a niveles alarmantes. Ya no cumple con su misión constitucional. En la actualidad, el grado de avance de los procesos de selección de jueces es mínimo, al igual que el de los procesos disciplinarios”, analizó el documento.

Respecto a la producción de ternas de candidatos, el texto destacó que “han descendido de forma alarmante”. Según los datos recabados, las ternas elevadas por el Consejo al Poder Ejecutivo Nacional en el periodo 1998/2002 ascienden a 89, en comparación a las 36 que se registraron entre 2010/2014.

Del mismo modo, indicó que “las reuniones de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, quien lleva a cabo los procesos de selección, también han disminuido. La parálisis en el sistema de designación de jueces provocó la demora excesiva de la mayoría de los concursos”.

En cuanto a los plazos para cubrir las vacantes, el documento recordó que “la ley 24.937 establece el plazo legal de 90 días hábiles prorrogables por 30 días para resolver los concursos”, y explicó que “en la mayoría de los casos este plazo no se cumple”.

“Los concursos concluidos entre 2007 y 2012 para cubrir las vacantes en el fuero nacional y en el fuero federal en el interior del país no se desarrollaron en el término establecido en la ley 24.937 y solo el 7 % los concursos para cubrir vacantes en el fuero federal de la Capital Federal se realizaron durante el plazo legal. En el fuero federal de la Capital Federal y en el fuero nacional el 40 % y el 33 % de los concursos respectivamente demoraron más de 24 meses en concluirse”.

En relación al fuero federal, el informe recordó que “cuatro de los doce juzgados en lo criminal y correccional federal permanecieron vacantes durante varios años y a cargo de jueces subrogantes”.

“La duración del procedimiento de selección de magistrados tiene una estrecha vinculación con la cantidad de cargos vacantes. La mayoría de los cargos que están vacantes en la actualidad se deben a la demora del Consejo de la Magistratura”. De los 217 cargos vacantes, 203 se encuentran en estudio en el Consejo de la Magistratura, lo que representa el 94 % de las vacantes totales, 8 vacantes en el Poder Ejecutivo, lo cual representa el 4 % y las 7 restantes en el Senado, es decir el 2 %.

Procesos disciplinarios

En relación a las funciones disciplinarias, el informe observó un “detrimento en la productividad del Consejo”. Entre noviembre de 2006 y 2010 el Cuerpo aplicó sanciones a veintidós jueces y solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la remoción de cinco de jueces, de los cuales cuatro fueron destituidos del cargo, mientras que el restante renunció ante la aprobación de la acusación.

"Entre noviembre de 2010 y agosto de 2014 se aplicaron dos sanciones disciplinarias y se decidió la apertura del proceso de remoción a dos jueces: el camarista de Mendoza Otilio Romano fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento el 15 de diciembre de 2011, mientras que el juez Barbarosh afronta un proceso de destitución luego que el Consejo aprobara la acusación el 14 de noviembre de 2013".

De la comparación se advierte que entre 2010 y 2014 la aplicación de sanciones “disminuyó en un 90 % con respecto a la integración 2006 y 2010”. Teniendo en cuenta estos números, el informe aclaró que “esto puede significar que últimamente los magistrados cometen menos faltas en el desempeño de sus cargos o que el Consejo no ha actuado diligentemente en el proceso de investigación”.

Subrogancias

“La parálisis del Consejo de la Magistratura ha generado un marcado crecimiento de las vacantes y consecuentemente ha provocado un incremento en el número de magistrados provisorios o subrogantes”. El número total de cargos en el Poder Judicial Nacional es de 922, de los cuales 172 son jueces subrogantes, esto representa el 18,5 por ciento.

El elevado porcentaje de subrogantes no es una situación inédita dentro del Poder Judicial. En 2007, la Corte Suprema advirtió que aproximadamente el 20 por ciento de los magistrados desempeñaba su función de manera provisoria. “Esta situación que debería ser excepcional, se ha extendido a través del tiempo”, concluyó el documento.