“Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio”

El titular de la Fiscalía General N° 2 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Ricardo O. Sáenz, presentó una adhesión a los recursos de las querellas presentada en la causa en la que se investiga la muerte del ex fiscal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, solicitando que la causa pase al fuero federal y sosteniendo la hipótesis del homicidio. Es el primer funcionario judicial que arriesga esa versión.

Los representantes legales de las hijas de Nisman y de su madre habían planteado una excepción de incompetencia para que la causa pase a los Tribunales Criminales y Correccionales de la Capital Federal, pero la jueza de Instrucción Fabiana Palmaghini desestimó el pedido. Según la magistrada existía “un pensar de los acusadores particulares teñidos de subjetividad” en ese pedido.

Palmaghini había asegurado en su resolución  que el pensar de los pretendientes “parece ajustarse más bien a deseos personales tendientes a lograr que la encuesta peregrine por una única y estrecha dirección: La hipótesis del homicidio, atada a su vez de manera casi matemática a la actividad funcional de quien en vida fuera, como se sabe, un Fiscal de la Nación”.

Sáenz, por el contrario, inició su dictamen marcando la cancha en favor de la postura de los querellantes. “Concuerdo con los apelantes en que el objeto procesal de esta causa de acuerdo a la prueba producida hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio”, adelantó.

Las pruebas del homicidio

De manera opuesta al criterio de la jueza, el fiscal consignó que el pedido de los apelantes no se circunscribe a “sus deseos personales o en su subjetividad”, sino que “se asientan en las pruebas existentes en la causa”.

Entre ellas, Sáenz cita los testimonios de Soledad Castro, Waldo Wolff, Patricia Bullrich, Laura Alonso, y los custodios de Nisman, que fueron coincidentes “en el sentido de que Nisman, lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero”.

El Fiscal General también tomó en consideración, las otras pruebas enumeradas por los querellantes, “que hacen a la seria presunción de que el fiscal fue asesinado, como ser, la localización del disparo, la hematoma en la zona occipital izquierda del cráneo, la lesión en la cara interna del tercio distal de la pierna izquierda”, y las declaraciones testimoniales de los médicos que intervinieron, que daban cuenta de que el cuerpo de Nisman “fue movido alterándose así la escena del crimen”.

Las pericias también indicaban seguir por el camino del homicidio, Sáenz precisó que de los estudios realizados se llegaba a la conclusión  “de que el arma que produjo la muerte de Nisman siempre deja residuos de disparo -deflagración- aún después de 20 horas de disparada, mientras que en las manos de la víctima no se encontró ninguna partícula característica de deflagración”.

El dictamen también hace referencia a otros elementos tomados por la querella en apoyo de la hipótesis del homicidio, tales como que el departamento del fallecido fiscal “habría sido ‘limpiado’, pues sólo así se explicaría que no se encontraran huellas dactilares pertenecientes a personas distintas del occiso que visitaron el departamento horas antes de su muerte; o que su computadora personal habría sido manipulada, ya que los eventos de registro no tienen una correlación lógica; o que el contenido del teléfono de Nisman fue borrado”.

 De esa circunstancia se extrae como consecuencia directa “de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio”.

Críticas al rol de Lagomarsino

Sáenz realizó fuertes críticas al proceder, tanto de la fiscal Fein, como de la jueza Palmaghini, al rol que ocupó diego Lagormarsino, sindicado como quién le entregó a Nisman el arma que ocasionó su muerte. Para el fiscal Lagormarsino “debía ser considerado como el imputado de todas las hipótesis delictivas de la investigación, y no sólo de la entrega del arma en cuestión”.

El fiscal recordó, en ese sentido, su dictamen de septiembre de 2015 en el que destacó que tanto la fiscal como la jueza “participaban de una suerte de ‘ficción’ respecto de Lagomarsino”, ya que lo consideraban sólo imputado de la entrega del arma a Nisman, pero le daban intervención como parte en las pericias médicas, balísticas e informáticas, relacionadas claramente con la muerte de Nisman.

Sáenz más allá de sostener que esa postura no fue compartida por la Cámara del Crimen, denunció que “la ficción indicada se sigue manteniendo en la causa, ya que se le corrió vista a la Defensora Oficial que “actúa como eventual defensora de los autores, partícipes o encubridores de la muerte de Nisman”.

La competencia federal.

El fiscal analizó también el planteo de la representación de la madre de Nisman, que alegó que la resolución de Palmaghini era autocontradictoria, ya que había expresado que “el homicidio no es la única hipótesis para investigar en la causa”, ya que también se encuentran las del suicidio y del suicidio inducido. Según la apelante, con ese razonamiento la jueza “está admitiendo que el homicidio es una de las hipótesis posibles”.

El Fiscal General también hizo hincapié en otro de los testimonios, el de la Secretaria de Nisman en la UFI AMIA, Soledad Castro, quien contaba con “una significativa colaboración en la elaboración de la denuncia contra la ex Presidente, el conocimiento del temor de Nisman de ser desplazado del cargo en la Unidad, y el convencimiento de que todas las amenazas sufridas por Nisman jamás le hicieron modificar su comportamiento personal ni sus decisiones profesionales”.

“Tengo para mí que este testimonio, sumado a las restantes pruebas que venimos analizando y valorando, impiden sostener válidamente que Nisman se haya quitado la vida en forma libre y voluntaria”, destacó Sáenz.

Por lo tanto, para el fiscal “al estar ante la posibilidad de que el fiscal de la causa AMIA, quien había denunciado a la entonces Presidente de la Nación, su Canciller y otros funcionarios, haya sido asesinado cuatro días después de esa denuncia, la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal de esta ciudad, que es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de las hipótesis resulta finalmente aplicable al hecho”.