La Cámara del Crimen confirmó el pase de la causa que investiga la muerte del ex fiscal de la UFI AMIA a la Justicia Federal, en un fallo que incluye una denuncia contra la fiscal Viviana Fein y donde la mayoría del Tribunal sostuvo que “existen razones más que plausibles” para poder dar crédito a la hipótesis del homicidio.
La Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mario Filozof, confirmó el fallo de la jueza Fabiana Palmaghini que decretó la competencia de la Justicia Federal para la tramitación de la causa en la que se investiga la muerte del ex fiscal de la Unidad Especial AMIA, Natalio Alberto Nisman.
El carácter de fiscal Federal de Nisman, y el hecho de que la muerte pudo estar relacionada a su desempeño en ese cargo fue el fundamento principal de la declinación de competencia. Si bien el Tribunal no se declaró partidario de ninguna de las hipótesis del caso, el voto de los jueces Lucini y Pociello Argerich dio a entender que los planteos de las querellas, quienes sostienen que fue un homicidio, podían llegar a ser conducentes.
Para Lucini y Pociello, “el deceso del fiscal federal Natalio Alberto Nisman pudo tener vinculación por su actuación en la unidad que se ocupa de investigar el atentado contra el edificio de la mutual denominada Amia y ocurrió en un momento político sensible, si se repara en la denuncia que días antes había radicado contra la presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, entre muchas otras personas vinculadas a su gestión”, de ahí la justificación para que el fuero de excepción intervenga en la causa
Ambos magistrados entendieron que existen “razones más que plausibles para poder dar crédito a la hipótesis de máxima que sugieren los acusadores, tanto públicos como privados, para suponer que la muerte de Alberto Natalio Nisman también pudo ser el resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función. De ese modo este sumario deberá tramitar en la justicia de excepción".
Un elemento que apoyaba esa tesitura fue que los magistrados entendieron que "los desplazamientos de Nisman eran controlados". En su pronunciamiento de este martes, Lucini y Pociello Argerich aseguraron que hubo "un acceso inexplicable ocurrido el día 18 de enero del año 2015" que provocó "el borrado de toda la información contenida en los medios electrónicos del Fiscal y la lectura que de ello debe hacerse como un elemento de prueba más"
Por su parte, el voto del juez Filozof remitió a la jurisprudencia que señala que “en los casos de delitos que se cometan por o contra empleados nacionales en el ámbito geográfico de la Capital Federal, (arts. 3ro. inciso 3ro. de la Ley 48 y 23 del C.P.M.P.) la Justicia Federal será competente en aquellos hechos en que el funcionario federal involucrado tenga un carácter incuestionablemente federal”, para justificar la competencia federal.
Para este camarista no era necesario el encuadre jurídico, si homicidio o suicidio, para determinar la competencia, ya que si el objeto principal de la investigación “es determinar como falleció Nisman lo que no puede escindirse de su carácter de funcionario incuestionablemente federal”.
Filozof igualmente criticó que la investigación halla girado siempre en torno a la hipótesis del suicidio, y en ese punto recordó que “en los albores de cualquier sumario penal la obligación funcional es constatar el sustrato fáctico para luego dilucidar la cuestión de derecho”. Es decir, primero se deben constatar los hechos y luego encuadrar la cuestión desde el derecho.
Irregularidades en la investigación
La decisión de la Sala VI de la Cámara no sólo se pronuncia sobre la competencia del caso, sino que también hace una profunda crítica a la investigación desarrollada, lo que llevó a los camaristas a denunciar ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al juez Manuel De Campos, quien intervino primariamente en el caso, y ante la Procuración General de la Nación a la fiscal Fein.
Según los camaristas, “la compulsa del sumario dejó al descubierto una gran cantidad de anomalías que no pueden dejar de mencionarse, pues han afectado de manera directa la causa”. Los tres entendieron que hubo negligencia en la conservación de la escena del crimen y que no se produjeron pruebas importantes.
Sobre ese aspecto. Uno de los párrafos del fallo subraya que “por el departamento de Nisman desfilaban un número que aún no se puede precisar de personas y que algún testigo llegó a contar en cincuenta”, mientras que más adelante los magistrados ahondan en las críticas: “se impone la obligación de destacar que luego del ingreso del personal de video y fotografía al baño, ni siquiera se tomaron los recaudos mínimos para su preservación”.
“Las imágenes obtenidas esa noche ilustran que ninguno de los peritos, ni la Dra. Fein al transitar por la zona, llevaban cobertor para su calzado o lo hicieron con algún tipo de prudencia”, cuestionó la Cámara, que tampoco ahorró cuestionamientos a la tarea del es secretario de Seguridad Sergio Berni, quien “ingresó con barro en su calzado mostrando una desaprensión total por la circunstancia de hallarse en tal especial situación, extremo este que no encontró control en cabeza de ningún magistrado”.
“La existencia de mínimos protocolos de actuación en la investigación hubiese contribuido a un mejor resultado. Por momentos el procedimiento pareció obtener ribetes absurdos. Por ejemplo, cuando el secretario de seguridad Berni que acompaña a la Dra. Fein en la revisación de la cocina sugiere concurrir al baño para cerciorarse de la muerte del Fiscal”, resalta el fallo de la Cámara.
Un guiño a la Policía Judicial
Lucini y Pociello Argerich aprovecharon las críticas a la investigación para hacer un llamado para la implementación de un cuerpo especializado, o la llamada “Policía Judicial”, para que “en el futuro no se repitan situaciones como las que aquí se verifican y logremos contar con una investigación profesional y adecuada a todo episodio que la demande”. Para los camaristas corresponde “instar a que se inicie toda gestión necesaria para que la justicia cuente con una policía judicial y científica moderna, equipada y que pueda hacer frente a cualquier contingencia”.
Ambos magistrados reconocieron que sus cuestionamientos al desarrollo de la instrucción no se trataron sólo de “destacar falencias”, sino que aclararon que lo que buscan es “evitar que ellas vuelvan a ocurrir”. En ese punto, coincidieron que no había duda de que “nuestro sistema de enjuiciamiento penal requiere de una urgente revisión y no es ajena la etapa de investigación para un verdadero cambio”.