En el medio de una avanzada de la Justicia en las investigaciones de causas de corrupción, Ricardo Lorenzetti pronunció un discurso en el acto homenaje al fiscal Strassera y aseguró que "la impunidad también requiere un Nunca Más”. En un contexto en el que se activaron múltiples investigaciones en la Justicia Federal, ¿cómo deben leerse estas declaraciones?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación celebró este jueves un acto en homenaje al fallecido fiscal del Juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera.
En un acto que contó con la presencia de la canciller Susana Malcorra; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; los jueces de la Cámara Federal que llevó adelante el juicio, León Arslanián y Ricardo Gil Lavedra la periodista y ex integrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) Magdalena Ruiz Guiñazú y el Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti realizó un discurso en el que hizo foco en que la lucha contra la impunidad debe ser una política de Estado.
Acompañado por los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, Lorenzetti reconoció la tarea de Strassera y lanzó una frase altisonante “la impunidad también requiere un "Nunca Más’”.
Lejos de tratarse de una cuestión aislada, los dichos del presidente del Máximo Tribunal no son ajenos al “clima” que reina en la Justicia Federal, en la semana en que Ricardo Jaime y Lázaro Báez fueron detenidos, y en las vísperas de que la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se presente en el Edificio de Comodoro Py 2002 a declarar por la causa del “dólar futuro”.
Los antecedentes
Lorenzetti venía anticipando la situación y lo hizo saber en declaraciones a la prensa una vez terminado el acto de homenaje a Strassera. Hay que remontarse al acto de apertura del año judicial 2015, cuando en plena ebullición del caso Nisman, la Corte dio a conocer un “video institucional” mostrando imágenes de Abuelas de Plaza de, el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, la AMIA, los casos de Axel Blumberg, Cromañón, Once, Candela Sol Rodríguez, Angeles Rawson, Melina Romero, para terminar con un fotografía de Alberto Nisman, que se mantuvo por varios segundos.
Ese día, Lorenzetti sostuvo que la Corte quiso comenzar el acto mostrando a estas personas y puntualizando que “estas son nuestras víctimas, estas son nuestras tragedias”, y lanzó el primer llamado: esas tragedias llamaban a “terminar con la impunidad”.
Ese día, también se reflotó una polémica relativa a la causa sobre el Atentado a la Embajada de Israel, ya que dos días antes la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, había interpelado a la Corte para que explique porqué la causa no avanzaba. Lorenzetti aclaró que “hubo una sentencia en el año 1999” que determinó “cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad” y que era “cosa juzgada”. El debate siguió ya que el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un día después le contestó “no tiene sentencia, sigue vigente, hay que seguir investigándola”.
En la apertura del año judicial 2016 el presidente de la Corte volvió a referirse a la cuestión de la impunidad al solicitar que los procesos “tienen que terminar con resultados y no deben extenderse sin límite alguno”.
Ante la mirada de los jueces encargados de juzgar este tipo de causas, consignó que la impunidad “es la falta de pena, pero también es una frustración de la víctima y un problema muy serio que afecta la credibilidad en las instituciones” e hizo un llamado claro: “Es urgente una política de Estado para terminar con la impunidad, que involucre a los tres poderes”.
¿Los jueces se despertaron de la siesta?
Con un cambio de color político en el Poder Ejecutivo, el Judicial intentó recoger el guante: en el último tiempo se reactivaron diferentes causas y se iniciaron otras, una de ellas, contra el mismísimo Lorenzetti, luego de que la legisladora por Cambiemos Elisa Carrió lo denunciara por enriquecimiento ilícito por presuntas irregularidades en su declaración jurada.
Carrió fue la impulsora de otras dos denuncias, contra el ex titular de la AFIP y actual integrante de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, y contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a quien sindicó como “operador judicial”.
Pero la lista sigue: en diciembre se dictó el veredicto de la causa por la tragedia de Once y a fines de marzo se conocieron los fundamentos. Ese mismo mes la Cámara del Crimen declaró la competencia de la Justicia Federal para investigar la muerte de Alberto Nisman, en la causa ya se había apartado a la fiscal Viviana Fein.
Además, la causa por supuesto lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez aceleró sus tiempos, en el medio de que se hiciera público un video en el que aparecían involucrados contando dinero, aparentemente en la financiera SGI que fuera propiedad de Federico Elaskar, el juez Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Báez, al empresario Pérez Gadín y a otros involucrados.
Si de indagatorias se habla, no se puede omitir que el juez Claudio Bonadío citó en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal a la que hasta el 9 de diciembre pasado a las 23:59 era la ex presidente de la Nación. En esta causa, conocida como “dólar futuro” en el que se investiga una maniobra del Banco Central por la que se habría vendido un dólar a un precio inferior al de plaza que habría generado pérdidas millonarias al Banco Central, declaró este jueves otro de los imputados, su ex titular, Alejandro Vanoli. Para la semana en la que declare Cristina Fernández de Kirchner también lo hará el ex ministro de Economía Axel Kiciloff
Pero la lista no termina allí: abril arrancó con dos detenciones resonantes, la del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y del propio Lázaro Báez, quien luego de llegar en un vuelo privado era esperado por las fuerzas de seguridad, que tenía una orden de detención firmada por Sebastián Casanello, con fundamento en el supuesto riesgo de fuga del empresario.
El último martes la Corte Suprema siguió por esta senda: dejó firmes las penas a los nueve condenados por la causa “Cromañon” y revocó la prescripción de la causa sobre la valija de Antonini Wilson – conocido como “valijagate”.
Un día después de ello, en declaraciones radiales el juez Ariel Lijo señaló que “hay una política de Estado de la Corte Suprema para terminar con la impunidad”. Fue el propio Lijo el que este jueves ordenó más de 40 allanamientos en la Villa 31 y 31 bis en una causa por tráfico de drogas.
En ese mismo aspecto, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció sobre varios casos, uno de los más destacados fue el de la Sala IV, que integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, ratificó la condena a 23 años de prisión de “Mameluco” Villalba, quien “organizaba y financiaba la venta de drogas, incluso cuando se encontraba detenido cumpliendo una condena anterior”.
En una semana por demás agitada, este jueves también se conoció que el fiscal Federico Delgado requirió la instrucción de una denuncia contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, luego de que se hiciera pública la investigación conocida como “Panamá Papers”, donde se lo vincula con dos sociedades off shore en Panamá.
Este mismo jueves, al cierre del acto, Lorenzetti mostró aprobación con la conducta adoptada por la Justicia, reiteró que el tema de la corrupción “es de política de Estado si no se pierde la credibilidad”, y lanzó un reconocimiento: “los jueces poco a poco están siguiendo esta política de Estado”, para luego aclarar que “esto no es un proceso ni político ni de lo que diga fulano o mengano, es un proceso judicial”.