El último episodio del "Señor de los anillos"

Norberto Oyarbide quizás sea el juez más conocido fuera del ámbito tribunalicio. Probablemente se deba a su sobreexposición mediática: hace más de 15 años que su nombre se vincula a escándalos y ha sido un abonado al Consejo de la Magistratura, que no paró de acumular expedientes de denuncias en su contra. 

Luego de anunciar en diciembre pasado que iniciaría los trámites para obtener la jubilación, y tras ser citado por el Consejo de la Magistratura por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación -y su casi seguro envío a jury- Oyarbide presentó su renuncia ante el ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde la cartera se informó que se iniciaron los trámites correspondientes y que será remitida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, “para que sea aceptada”. Según un comunicado del Ministerio, se espera que se efectivice el 15 de abril.

Oyarbide llegó a la cabeza del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5 de la Capital Federal en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem. En ese momento tuvo su primer cimbronazo mediático con el caso “Spartacus”, un prostíbulo del barrio de Recoleta. A Oyarbide se lo acusó de “proteger” a los dueños del mismo y por ese caso fue enviado a juicio político –todavía no había entrado en funcionamiento el Consejo de la Magistratura- ante el Senado.

El 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que dos aviones se estrellaban contra el World Trade Center de Nueva York, el Senado de la Nación cerró ese proceso y Oyarbide retornó a su cargo, no sería la última vez que estuviera en el ojo de la tormenta por su actuación como juez ni por ese caso, en 2014 los legisladores Mario Cimadevilla y Oscar Aguad quisieron reflotar el caso: aseguraron que sólo se cerró la investigación respecto de la acusación por mal desempeño en sus funciones, pero no la restante,  que implicaban delitos comunes.

A lo largo de su carrera judicial, Oyarbide estuvo al frente de pesquisas de gran trascendencia. Entre las más reconocidas, la “mafia de los medicamentos”, una trama judicial en un caso por presunta adulteración de medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos.

En ese expediente, Oyarbide sobreseyó a los ex funcionarios Héctor Capaccioli, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez de Lotería Nacional, y  Sebastián Gramajo, gerente de la Anses, pero la Cámara Federal anuló la resolución, lo apartó de la causa y envió el sumario al Consejo de la Magistratura.

Oyarbide también instruyó la causa por las “escuchas ilegales” por la que el actual presidente fue procesado y una causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner, donde sobreseyó a ambos en tiempo récord y sin que ningún fiscal apelara luego esa decisión. Por ambas se le abrieron expedientes en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Su historia en el órgano es extensa. En 2012, un ranking de Diario Judicial lo coronó como el magistrado más denunciado. Ese año Oyarbide tuvo seis denuncias, principalmente por su actuación en la causa sobre las escuchas ilegales.

También había sido denunciado por subirse a un escenario a cantar con Carlos “La Mona” Jiménez, lo sindicaron de cometer  "actos ofensivos al decoro de la función judicial", por sobreseer al ex vicepresidente Amado Boudou por irregularidades en el manejo de fondo cuando éste estaba a cargo de ANSES.

El Consejo de la Magistratura también recibió denuncias contra Oyarbide por el caso de un anillo de diamantes presuntamente valuado en 250 mil dólares. Esa circunstancia también le valió la apertura de una causa en la Justicia Federal por enriquecimiento ilícito. Ese sumario por la causal de “mal desempeño” en el Consejo en 2015 fue archivado.

Pero una causa de 2014 fue la espada de Damocles de Oyarbide. Su actuación en el llamado “caso Liuzzi”, en el marco de los allanamientos dispuestos en la sede de la  “Asociación Mutual Propyme”, le valieron el llamado por el artículo 20.

Según detalla la denuncia presentada ante el Consejo, el titular de la asociación allanada manifestó que los policías actuantes “(…) se comportaron de forma violenta, y pidieron coima para evitar el allanamiento.  Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policías y los que mandan en la financiera. Finalmente, el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llamó y paró el operativo”.

Conforme esa misma denuncia, presentada por los diputados nacionales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, diferentes medios de comunicación informaron que los motivos del cese del operativo “estuvieron dados por un llamado del Sr. Subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Emilio Liuzzi, al Dr. Oyarbide, en el cual le advirtió que en el procesamiento mencionado se estaría cometiendo el delito de exacciones ilegales por parte de los agentes policiales intervinientes”.

Los legisladores habían entendido que “el doctor Oyarbide, en su proceder, admitió que tiene contactos informales con el Poder Ejecutivo y que suspendió un procedimiento judicial por pedido de un funcionario de dicho poder”.

Por ese expediente, el n° 25/14,  caratulado “Garrido Manuel- Cano José y Mario Negri (Dip. Nac. ) s/ act. Dr. Norberto Oyarbide (Juez Fed.)”, Oyarbide fue citado en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.

El por ahora titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 5 presentó su descargo por escrito, explicando que se le ha dado un "desmedido crédito a las denuncias en su contra", consignó que "se juega con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de este juez".

Oyarbide explicó, en relación a esa denuncia, que "no era descabellado suponer que lo denunciado era cierto y que lo mismo estarían haciendo otros policías en los demás procedimientos", pero precisó que si fuera connivente con Liuzzi “como sostienen los denunciantes, ¿en qué razonamiento cabe disponer un allanamiento en oficinas de alguien vinculado a aquél?". El juez no se privó de criticar a los consejeros que lo citaron, a quienes calificó de tener "un distorsionado concepto de la tarea de hacer justicia y una pretensión injuriante en su contra".

Con esa presentación se dio por cumplida la etapa de defensa y el Consejo aguardaba emitir un dictamen al respecto, pero la renuncia de Oyarbide pone punto final a la historia.