Santiago Otamendi es el flamante Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este reportaje a Diario Judicial, explicó las nuevas iniciativas que impulsará, cuáles son las prioridades y qué desafíos deberá enfrentar la cartera. Según Otamendi, la necesidad de fortalecer la Justicia Federal con asiento en las provincias “es una parte crucial y muy importante dentro de la reforma”.
Recientemente presentaron el denominado plan "Justicia 2020", ¿Cuáles son los principales problemas y necesidades que detectaron?
El proyecto "Justicia 2020" es un esquema de agenda abierta, donde el Ministerio abre sus puertas a la sociedad civil, jueces, fiscales, defensores y miembros del Congreso para generar una actividad propositiva y, de este modo, compartir la visión de lo que debiera ser la Justicia de acá a cuatro años. A través de las presentaciones institucionales podemos identificar algunas necesidades, sobre todo con lo que nosotros entendemos que tiene que ser la acción de Gobierno, la cual tiene que federalizarse, ya que no nos quedamos sólo con la mirada de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Juzgados Nacionales, sino también con todas las necesidades de la Justicia del interior. En mi opinión, las necesidades pasan por fortalecer algunas vías de acceso a la justicia. No tiene que ver tanto con las Reformas Procesales, sino con incluir otros esquemas como pueden ser las casas de justicia, alguna experiencia de mediación comunitaria, el fortalecimiento Juzgados de Paz, es decir un abanico de dinámicas que pueden ser o no judiciales. Otra preocupación común entre las distintas regiones es la perspectiva de género y la capacitación de los actores. Por otro lado, la preocupación en términos penales de lo que va a ser el sistema acusatorio con la suspensión del Código de Procedimiento. Nosotros a quienes se anotaron en las mesas de “Justicia 2020”, le mandamos el Código suspendido para ver cuáles son las sugerencias. El ministro tiene pensando que la implementación -a cargo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación- empiece de norte a sur para ir aprendiendo de esas experiencias piloto. Después a nivel local, las iniciativas legales relacionadas a la unificación del fuero de Instrucción y Correccional, el fortalecimiento de la Justicia Federal y el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad.
¿Cuáles son los temas más urgentes?
El tema que abordamos con urgencia fue la suspensión del Código Procesal Penal, ya que tenía fecha de implementación para el 1 de marzo y, en consecuencia, se visualizó como urgente. Después los temas de acceso a la justicia son permanentes.
En las presentaciones del programa destacaron la necesidad de fortalecer la Justicia Federal con asiento en las Provincias, ¿Cómo lo llevarán adelante?
Es una parte crucial y muy importante. En la Justicia Federal del interior un mismo juez está a cargo de diversas competencias, por ejemplo, penal, electoral, civil y minería. Hay algunas provincias que tienen magistrados con seis, siete u ocho secretarías. Pensamos en forma coherente con el advenimiento del sistema acusatorio, ya que un juez federal con toda esta multicompentencia le resultaría muy difícil ponerle el cuerpo a la dinámica penal y al mismo tiempo estar a cargo de todas las otras competencias. Entendemos que sería posible dividir esos jueces federales del interior y, de esta forma, que uno quede con la competencia penal, y el resto de las secretarias nombrar otro juez federal que quede con el resto de la competencia. Se duplicarían los órganos decisores pero sin mayor inversión, ya que los funcionarios y empleados están, sólo es dividir los juzgados actuales. Es sencillo de hacer, no tiene mayor impacto presupuestario, pero sí tendría un gran impacto en la gestión, en la posibilidad de subrogancias y las respuestas adecuadas en tiempos oportunos.
Uno de los proyectos centrales para la agilización de los trámites es la unificación de los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados Nacionales en lo Correccional, ¿Cómo se proyecta implementarlo?
Todos los proyectos están presentados en forma separada, sin embargo, responden a una misma coherencia y lógica. La posibilidad de unificar Instrucción y Correccional se relaciona con la lógica del traspaso, ya que en la medida que haya competencias que se derramen a la Ciudad, surge la necesidad de unificar esos fueros que tienen la lógica penal. Además, se añade la posibilidad de que los Tribunales Orales Criminales hagan los juicios correccionales unipersonalmente. Es una reforma que ha sido bienvenida por los jueces nacionales y no va a tener contratiempos. Esta reforma va a posibilitar algún esquema de traspaso.
Otro tema nodal de la reforma es la creación de un fuero federal específico para investigar el crimen organizado conformando un Equipo de Jueces Federales del Crimen Organizado, ¿cuáles son los rasgos generales de la iniciativa?
La iniciativa responde a la misma lógica de trabajo. El diseño implica generar un equipo de jueces. Es algo novedoso y es una forma distinta de trabajar. Jueces que tengan competencia en delitos complejos cuando se dé la pauta objetiva de la interjurisdiccionalidad, es decir cuando estén más de dos jurisdicciones involucradas por la comisión de un delito de estas características. Es la posibilidad de asignar a jueces nacionales esa competencia y, de este modo, que sea una herramienta adicional para la investigación de estos delitos complejos.
¿Cómo se conformarían los equipos?
En principio la idea es tender al esquema de voluntariedad. Si este primer esquema no da resultado, debiera ser a propuesta de la Cámara con intervención del Consejo de la Magistratura.
¿Encontraron algún tipo de resistencia entre los magistrados?
Lógicamente, todos estos cambios generan alguna incertidumbre. Pero en la medida que lo vamos explicando a los distintos actores, se despejan las dudas y temores. Puede haber algún grupo de jueces que le genere más entusiasmo y otros que consideren que esto puede ser un menoscabo en sus funciones, algo que objetivamente no lo es. Es una contribución para lograr un rediseño que posibilite un abordaje más eficiente en la investigación y condena de dichos delitos.
El Ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que por el momento no estudian ampliar la Corte Suprema, ¿Cuál es su opinión sobre el número “ideal” de integrantes en el Máximo Tribunal?
No está en la agenda del Poder Ejecutivo ampliar el número de la Corte Suprema, si tal vez a mediano plazo estudiar empíricamente qué casos puede resolver la Corte y de qué manera pueden ser procesados, administrados, gestionados y decididos. A partir de ese estudio, determinar si es necesaria una ampliación. Hoy el número de cinco pareciera ser que está muy bien.
¿Y en cuanto a las críticas respecto al cupo femenino?
Más allá de que las dos propuestas del Ejecutivo fueron hombres, lo cierto es que en la Corte está la Dra. Highton de Nolasco y, por otro lado, las cabezas del Ministerio Público son dos mujeres. Siempre es un tema que hay que tenerlo presente y así tender a cumplir ésta posibilidad participativa.
¿Se encuentra en la agenda del Ministerio reformar la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación?
El programa “Justicia 2020” contempla la posibilidad de discutir y dialogar sobre la visión de lo que debiera ser el Consejo de la Magistratura de la Nación. Especialmente atendiendo la tarea de la selección de los jueces en tiempos oportunos, ya que muchas veces las demoras generan lo que ha sucedido con las subrogancias. Hay que dotar al organismo de mecanismos y vías rápidas para la concreción de dicho objetivo constitucional.
También se habló sobre la dedicación exclusiva de los consejeros…
Es un tema que está en discusión. En la medida que uno tenga esa dedicación exclusiva, implica la posibilidad de llegar a buen puerto con todos los objetivos.
En cuanto a los proyectos para la modificación de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, ¿cuáles son los aspectos centrales de la reforma?
Los aspectos centrales se relacionan con la limitación del tiempo del mandato, ya que entendemos que en el advenimiento del sistema acusatorio se torna necesario limitar los propios poderes que hoy tiene. Además, en un organismo tan grande y con tanta incidencia, resulta necesario que existan subprocuradores que puedan concentrarse en distintas áreas.
Dado el alto nivel de subrogancias en el Poder Judicial de la Nación, ¿Existe algún proyecto sobre el tema?
Hay un proyecto que se está discutiendo en el marco del fallo “Uriarte”. Es una cuestión crucial. La subrogancia debiera ser una situación de excepción. El Consejo de la Magistratura tiene que ir sacando los concursos con celeridad, ya que en la medida que eso suceda, van haber cada vez menos subrogancias. Estamos escuchando a todos los actores para consolidar un proyecto común. Hemos recibido aportes de la Asociación de Magistrados y de las distintas Cámaras.
Ante la los problemas que enfrenta el sistema carcelario, ¿cómo planean abordar esta problemática?
Es una cuestión que nos preocupa muchísimo. Tenemos una mesa de trabajo especial con la misma dinámica de trabajo. El tema penitenciario es muy amplio. Estamos trabajando enfocados en generar un puente entre los internos y la sociedad civil, es decir que el interno que salga tenga niveles de aceptación en la sociedad con una reinserción real. Estamos realizando acciones para que esto sea una buena oportunidad y un camino para no volver a situaciones de delito.