Miguel Piedecasas representa a los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En diciembre pasado fue designado como el nuevo presidente del Cuerpo. En este reportaje a Diario Judicial, el consejero opinó sobre el nivel de vacancias y la necesidad de analizar la situación financiera del Poder Judicial.
En declaraciones a la prensa aseveró que trabajarán para bajar el nivel de vacancia en el Poder Judicial, ¿Cómo proyecta realizarlo?
No hay otra manera que acelerando los concursos, convocando los que faltan, tramitando los que están en desarrollo y logrando los consensos en el Plenario para alcanzar la mayoría especial. Todos nos trabamos en concursos que son importantes pero conflictivos, donde no hay acuerdo. Yo quiero poner en la mesa todos los concursos de manera tal que los que no son conflictivos vayan saliendo y así evitar que traben el resto de los concursos que no tienen ninguna clase inconveniente.
En la últimas reuniones no se logró avanzar con las ternas...
Porque seguimos con una dinámica que venía desde el año pasado y todavía el escenario político sigue impactando sobre la decisión que debemos adoptar en el Consejo. Creo que es una cuestión que debe cambiarse, los consejeros debemos entender que el escenario político existe, pero que ello no puede impedir la definición del Consejo sobre la cobertura de cargos de jueces, sino se estaría atentando contra uno de los fines constitucionales del Cuerpo.
En su opinión, ¿cree que en los próximos meses se deberá debatir una nueva ley del Consejo de la Magistratura?
Todo cambio de gobierno, con nuevos legisladores, con una nueva impronta y con nuevos sujetos en la discusión, me parece que siempre es una buena oportunidad. Creo que hay dos temas centrales a discutir: una nueva ley de subrogaciones y una ley del Consejo de la Magistratura. Esta última debe garantizar el equilibrio y el funcionamiento adecuado del órgano. En mi opinión, debe haber un mayor número de abogados y académicos, junto a la intervención de los abogados en la Comisión de Selección, algo que considero que es una exclusión inconstitucional. Además, es necesario analizar la gestión económico-financiera para que sea más rápida, eficiente y certera. En materia de recursos financieros del Poder Judicial también hay que reformar la ley que establece la participación que nos corresponde, ya que es insuficiente. Considero que los cálculos iniciales no son los actuales, ya que el Poder Judicial lentamente crece y, en consecuencia, los cálculos hechos sobre una matriz no son los que se corresponden con la actualidad del Cuerpo y así la designación de partidas es deficitaria. Es un problema estructural para debatir. Se debe dar participación a las universidades, a los colegios de abogados de todo el país, a las asociaciones de magistrados, junto a los legisladores. Además, se debe aprovechar la experiencia del Consejo de la Magistratura y requerir la opinión a cada uno de los consejeros que participó. Debe ser un debate amplio que suponga pensar que este órgano es para la sociedad y no para una coyuntura política.
¿Y en cuanto a la participación de la Corte Suprema?
No tengo ningún inconveniente. Hay una discusión teórico-constitucional si la Corte debe o no intervenir; esto se dio en el debate de la Convención Constituyente. No hay problema que se lo incorpore, sin embargo, no pasa por ahí el tema. Hay que lograr un modelo legal adaptado a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales y, de esta manera, garantizar el equilibrio, las mayorías calificadas y el buen funcionamiento del órgano.
Respecto al problema de la infraestructura edilicia del Poder Judicial, ¿Cuál es su análisis?
La infraestructura es el gran problema del Poder Judicial y hay que ponerlo en la agenda. Hay que tomar una definición e invertir en Justicia. Debemos debatir el modelo que queremos para los próximos años. Necesitamos edificios y archivos adecuados, por ejemplo, hay juzgados que no se habilitan porque no tenemos inmuebles. Un camarista en Salta me dijo que si pretendemos enfrentar el narcotráfico con una imagen de la Justicia Federal de una pequeña casa alquilada en el interior del país, esa no es una imagen frente al crimen organizado. La Justicia tiene que tener una imagen fuerte, autosuficiente y con capacidad de respuesta, ya que lo contrario nos va a ir mal. Hemos hecho un reelevamiento absoluto de las obras que están en ejecución y las que están paralizadas. Hay muchas obras paralizadas, sin ejecutar y en trámite de aprobación en la parte procedimental.
¿Cuáles son los principales motivos?
La falta de recursos y, en algunos casos, la falta de unidades edilicias adecuadas para el funcionamiento de los juzgados. El edificio de un juzgado, particularmente el fuero Penal y Electoral, necesita una estructura especial, una instalación eléctrica determinada, una alcaidía, una lugar de ingreso de personas detenidas y un lugar de egreso. Hay que dejar de improvisar en materia de justicia. Estamos tratando de ver porqué usamos un edifico para solamente archivar expedientes si tenemos lugares vacíos del Estado Nacional. Me he reunido con diferentes organismos para buscar inmuebles que estén vacantes para ser utilizados.
Como representante de los abogados por la matrícula federal, ¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrentan los abogados del interior?
El primer reclamo es la infraestructura del Poder Judicial, ya que no hay suficientes juzgados federales en el interior del país. A todo esto se le suman las vacancias y la mora judicial que puede haber, que ya no es una competencia directa del Consejo de la Magistratura, sino de los órganos naturales. También reclaman por el trámite de los expedientes de las denuncias que ingresan contra magistrados. Por otro lado, se solicita una mayor participación de los abogados en todo el proceso de selección y en la participación como aspirantes. Son reclamos lógicos y no desmesurados.
Durante la Feria Judicial se reunió con su par del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Enzo Pagani, y charlaron sobre el inmediato traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo proyectan trabajar en conjunto?
En la reunión intercambiamos opiniones sobre la trasferencia de sectores de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad. Estuvimos viendo las alternativas y la necesidad de un acople legislativo, es decir nuevas leyes. Charlamos sobre que implicaba en materia de presupuesto y realizamos un cuadro comparativo de lo que eran los sueldos en cada ámbito. Fue una reunión muy productiva e ilustrativa. Eso depende de las autoridades políticas, donde los Cuerpos van a dar los aportes técnicos. Hay concursos en trámite de la Justicia Nacional que a lo mejor si esa transferencia acaece mañana o pasado hay que ver que pasa con ellos.
En materia de Disciplina y Acusación, ¿Cuál es la agenda de trabajo para los próximos meses?
Ya comenzó el trámite de remoción al juez Federal de Orán, Raúl Reynoso. Además, está para consideración un expediente referido al tratamiento de la apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, a José Antonio Charlín, titular del Juzgado Federal de General Pico, La Pampa. La cuestión de la Comisión de Disciplina y Acusación necesitaba su maduración, pero en el desarrollo del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento se han hecho más enjuiciamiento que en el resto de la historia argentina. Antes yo tenía muchas críticas desde afuera y, sin embargo, cuando me tocó participar como acusador por el Consejo he observado satisfecho el desempeño del tribunal.