Frente a la llegada de la nueva aplicación móvil para solicitar viajes en autos particulares, el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad ordenó al GCBA que “de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber" en la Ciudad.
El conflicto por el arribo de la nueva red de trasporte privado llegó a la Justicia. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, ordenó al GCBA que “de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ayer, el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis promovieron una acción de amparo contra el GCBA por su “omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa Uber, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas”.
En este marco, solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que ”el GCBA arbitre las medidas pertinentes para suspender cualquier actividad desarrollada por la empresa Uber en la Ciudad que implique prestar y/o facilitar y/o convocar a personas a prestar el servicio de transporte de pasajeros sin adecuarse a las previsiones del Código de Tránsito y Transporte, como así también, evitar que la empresa y sus conductores continúen prestando el servicio de transporte oneroso de pasajeros”.
En la presentación, los amparistas señalaron que esta situación “provoca una grave lesión en el derecho a trabajar, y en la igualdad de las cargas públicas de todos los trabajadores que integran el sindicato como así también de los propietarios de las licencias de taxi afiliados a las Cámaras Empresarias y coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa Uber y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores”.
Luego de analizar el pedido, el juez Víctor Trionfetti destacó “la complejidad de la pretensión interpuesta", ya que posee "aspectos colectivos ostensibles cuyo tratamiento y decisión puede incidir en diferentes grupos con intereses o posiciones jurídicas encontradas”.
De este modo, el magistrado argumentó que “la empresa conocida mundialmente como Uber, tendría intención de desarrollar actividades en el ámbito de la Ciudad”. Y agregó: “Diferentes medios de comunicación gráficos y audiovisuales, como también portales digitales de noticias, refieren la inminente llegada a la Ciudad de un servicio de transporte de pasajeros conocido como Uber o el comienzo de tal actividad”.
Para Trionfetti, “es un dato relevante para definir la situación cautelar (…) que el Secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, advirtió que el sistema Uber de traslado de pasajeros es ilegal (...) infringiría una serie de normas reglamentarias vinculadas con el Código de Tránsito y Transporte y de la ley n° 3622 que incorporó al mencionado código la regulación del servicio de transporte público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro”.
“Asimismo, y tal como lo destacó la Fiscal en su dictamen, con la actividad cuestionada se encontraría involucrado el traslado de personas, lo que, a su vez, involucra la seguridad de aquellas como bien jurídico protegido constitucionalmente”, concluyó el magistrado.
Conflicto entre Uber y los taxistas
Argentina no es el primer país donde se cuestiona su servicio y regulación. Días atrás, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile declaró inadmisible un recurso presentado por los taxistas en contra del Ministerio de Transportes por el funcionamiento de Uber. En el caso, la Confederación Nacional de Taxis de Chile (Confenatach) había pedido "el cese de las actividades de la aplicación”.
Desde noviembre, la empresa también da el servicio en Montevideo y alrededores, lo que ha generó protestas y reclamos entre los choferes. Actualmente, el Gobierno de Uruguay está estudiando un proyecto de ley para regular las aplicaciones tecnológicas, entre ellas Uber.
La iniciativa establece que “el ejercicio de las libertades de trabajo, industria y comercio quedan sujetas a limitaciones de interés general”. Así, el proyecto dispone que “los servicios prestados por personas físicas o jurídicas, mediante el uso de sistemas informáticos, quedarán sometidos a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otras regulaciones que para la actividad privada establecen las normas".