En la primera reunión informativa tras el inicio de la Auditoria a las causas de corrupción en los Juzgados Federales, el Consejo de la Magistratura de la Nación explicó que "se solicitaron todos los datos a las dependencias del país". Las entidades manifestaron la necesidad de dotar de mayores recursos al Cuerpo de Auditores.
Tras la aprobación de la auditoría sobre los Juzgados y Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, se reunió con diferentes entidades para informar sobre los avances del reelevamiento. El encuentro también contó con la asistencia de la consejera en representación de los abogados de la matrícula federal, Adriana Donato.
Durante la reunión informativa, Piedecasas explicó que “se están cumpliendo las diferentes etapas de la auditoria”, a los fines de determinar si existe una excesiva dilación en el trámite de los procesos judiciales. Además informó que "se libraron todos los oficios a los Juzgados y Tribunales del país" con el listado de pasos y datos a relevar. Ahora será el turno de los jueces, quienes deberán proporcionar la información solicitada.
En una segunda instancia, los auditores deberán “verificar” si los datos proporcionados son "homogéneos y adecuados" mediante un cotejo con los registros informáticos, para luego procesar la información obtenida.
El abogado Máximo Fonrouge, presidente de la ONG Será Justicia, afirmó que “la idea es hacer un seguimiento del relevamiento”, y explicó que “la próxima reunión se realizará a fines de septiembre”, cuando los auditores hayan recibido todos los informes.
“La auditoria quizás permita enterarnos de cosas que no sabemos, ya que siempre conocemos las causas que trascienden. El relevamiento no sólo permite detectar irregularidades, sino corregir defectos procesales”, destacó Fonrouge, en diálogo con Diario Judicial.
Las críticas más duras se concentraron en la cantidad de auditores y el tiempo que tardará la elaboración del informe final. Frente a dichas inquietudes, las entidades solicitaron dotar a los investigadores de los recursos necesarios y, por otro lado, ampliar la cantidad de integrantes del Cuerpo de Auditores.
El relevamiento incluirá todas las causas por corrupción contra la administración pública desde el 1° de enero de 1996 hasta la fecha. Entre los puntos más importantes, se considerará “el número total de causas iniciadas; los recursos humanos con los que cuenta el tribunal, técnicos y tecnológicos afectados al trámite de las mismas; delito especifico objeto de investigación; fecha de inicio de cada causa; fecha y modo de culminación; y plazo promedio de las causas culminadas”.
Acudieron a la reunión el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera; el director Ejecutivo de la misma entidad, Fernando Frávega; el titular de Será Justicia, Máximo Fonrouge; el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Torcuato Alfredo Sozio; el presidente del Comité Ejecutivo del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Diego Bunge; el titular de la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, Horacio Galarza de la Cuesta; y el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo.