El Plenario del Consejo desestimó dos expedientes contra los jueces federales Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral, donde se los acusaba de "mal desempeño de sus funciones". Además, los consejeros se pronunciaron contra cualquier tipo acto que amedrente la labor judicial a raíz de los hechos denunciados por los jueces Alfredo López y Martina Isabel Forns. Avanzan los concursos para la designación de jueces.
El Consejo de la Magistratura de la Nación, reunido en Plenario, analizó una serie de denuncias contra magistrados. Entre ellas figuraba el expediente contra el juez federal Claudio Bonadío, acusado de haber “incumplido con su obligación de respetar las garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos y de haber incurrido en nulidades”.
No obstante, el dictamen señaló que el denunciante “no aportó algún elemento serio que permita sostener que el magistrado denunciado hubiese actuado de modo irrazonable, inicuo o arbitrario en las actuaciones de referencia”.
En el mismo sentido, los consejeros entendieron que “no surge ninguna irregularidad en la conducta del magistrado cuestionado que configure alguna de las causales de remoción, ni falta disciplinaria”; mientras que el consejero en representación del estamento de los jueces, Luis María Cabral destacó: “Basta con leer la presentación para observar que no tiene sustancia alguna”.
También se desestimó una denuncia contra el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, por haber “dispuesto la intervención de la Obra Social del Personal Marítimo”.
El expediente N°125/2016 caratulado “R. C. I. N. y otros (Pte. OSPM) c/ Dr. Canicoba Corral Rodolfo” se inició a raíz de la denuncia presentada por los integrantes del Consejo Directivo de la Obra Social del Personal Marítimo, quienes sostuvieron que “los interventores designados por el juez, entre los cuales se encontraría un familiar político directo, han ocupado policialmente la Obra Social, impidiendo el acceso a sus autoridades legítimas y revocando la totalidad de las empresas prestatarias de servicios, suspendiendo sin razón alguna las prestaciones a todos sus afiliados (…)”.
En el caso, los consejeros argumentaron que “más allá del acierto o error de las disposiciones efectuadas por el juez en el trámite de las investigaciones a su cargo, la dirección del proceso constituye una de las potestades privativas de los jueces, y sólo son susceptibles de revisión a través de los canales recursivos que el ordenamiento procesal prevé”.
Y concluyeron: “Los presentantes pretenden considerar al Consejo como una nueva instancia procesal que permita cuestionar las decisiones de los magistrados recaídas en sede judicial, sin embargo este organismo no posee competencia para entender en tal presentación, en la medida que no verifiquen supuestos de mal desempeño o faltas disciplinarias, lo que no se advierte en el presente caso”.
Un mensaje contra los actos que afecten la independencia judicial
A raíz de las declaraciones públicas realizadas por los jueces Alfredo López y Martina Isabel Forns, quienes advirtieron sobre diversas “prácticas intimidatorias”, el Consejo se pronunció en contra de cualquier posible afectación a la independencia judicial. Sin embargo, los consejeros no se manifestaron en “relación a un caso en particular”, sino que “reprobaron” cualquier hecho que amedrente la labor judicial.
Avanzan los concursos para la designación de jueces
Seguidamente se dio tratamiento a los dictámenes que se girarán al Poder Ejecutivo para cubrir cinco cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal números 1, 4, 5, 7 y 8 de la Capital Federa. La terna quedó integrada por Silvina Andrea Bracamonte, Víctor Rodolfo Trionfetti, Carmen Elisa Palacios, Marisa Alejandra Garsco, Marcelo Gota, Javier Pico Terrero, Alejandro Patricio Maraniello.
Además el Pleno avanzó en el concurso Nº 298, destinado a cubrir tres cargos de vocal en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 1 -2 cargos- y Nº 2 -1 cargo- de la Ciudad de Mendoza. La terna enviada al Ejecutivo está compuesta por Juan Ignacio Pérez Curci, María Paula Marisi y Ramiro Javier Salinas; Diego Jorge Lavado, Alberto Daniel Carelli, y Daniel Alejandro Doffo; Pablo Gabriel Salinas, Bruno Netri y Gustavo Alejandro Felhmann Parache. En lista complementaria se incluyó a Ana Helena Díaz Cano.
También se aprobó el concurso Nº 296, destinado a cubrir cuatro cargos de juez en los juzgados Nacionales del Trabajo Nº 38, 46, 74 y 79 de la Capital. Dicha terna quedó integrada por María Elena López, Viviana Mariel Dobarro y María Elvira Rosón; Claudio Fabián Loguarro, Gustavo López Ariza y Diego Fernández Madrid; Mónica María Pinotti, María Luján Garay y Silvina Castro; Andrea García Vior, Cecilia Margarita Murray y Herman Mendel. En lista complementaria quedaron Mariano Candal, Leonardo Gabriel Bloise, María Gabriela D´Angelo, Rosalía Romero, Mónica Alicia Copani, Pablo Andrés Devoto y Roberto Copertari.
El Consejo tiene su nuevo Secretario General
A continuación, los consejeros resolvieron designar a Mariano Pérez Roller como Secretario General del cuerpo tras la renuncia de María Susana Berterreix. El flamante secretario es el vicepresidente en representación del estamento de Funcionarios de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Contra dicha resolución, la Asociación Civil Usina de Justicia presentó un escrito rechazando la selección de Pérez Roller al entender que se realizó "sin concurso de antecedentes y oposición que indica el Reglamento General del Consejo".
Diana Cohen Agrest, titular de la entidad, afirmó que "las víctimas de delitos veremos con inquietud que el órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de magistrados y control disciplinario de los jueces proceda a efectuar designaciones sin cumplir procedimientos que objetivamente aseguren a la sociedad que los elegidos exhiben los requisitos de idoneidad y experiencia funcional”.