A un año de la sanción de la ley que establece el juicio por jurados en la provincia de Chaco, un grupo de asociaciones civiles alertaron sobre la demora en su implementación, ya que aún no se ha realizado el sorteo anual de los ciudadanos del cual se extraerán los jurados. “Falta de decisión política para poner el sistema en funcionamiento”, argumentaron las entidades.
Hace exactamente un año, la provincia de Chaco se convirtió en la quinta jurisdicción en incorporar los juicios por jurados. Sin embargo, el sistema aún no se ha puesto en marcha.
Con 23 votos positivos, la Legislatura de Chaco sancionó la Ley 7661 impulsada por el Poder Ejecutivo. Tras su aprobación, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) calificó a la iniciativa como "la mejor normativa de jurados del país”, ya que contempla un modelo clásico y, además, en su redacción “capitalizó las experiencias de otras provincias”.
“El juicio por jurados es el ejercicio de la democracia directa en el poder judicial y la herramienta privilegiada para consolidar el sistema acusatorio. La participación de la ciudadanía en la administración de la Justicia transparenta las decisiones judiciales, legitima los fallos y revierte el divorcio existente entre la ciudadanía y una justicia sumida en una profunda crisis. El jurado es sinónimo de imparcialidad e independencia de la Justicia”, señalaron.
La normativa establece la implementación de un jurado popular de 12 ciudadanos -mitad varones y mitad mujeres- sin formación jurídica que “deberán fijar su postura respecto a la inocencia o culpabilidad en delitos con pena de prisión perpetua, homicidios y casos graves de afectación a la integridad sexual”. Dicho jurado será sorteado del padrón electoral y contará con la instrucción previa de un juez para participar del proceso.
En su redacción, la ley contempló un jurado especial para los pueblos originarios. “Cuando se juzgue un hecho en donde el acusado y la víctima pertenezcan al mismo pueblo indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia”, establece la normativa.
La Asociación Pensamiento Penal, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentaron una nota conjunta manifestando su “preocupación” ante la demora de la puesta en marcha por “falta de decisión política para poner el sistema en funcionamiento”.
A través de un comunicado, las asociaciones destacaron que “el sistema está siendo un éxito rotundo en el país”, y añadieron: “Las provincias que lo implementaron realizan los juicios sin ningún tipo de inconveniente”.
En ese marco, las entidades instaron al gobierno a cumplir con la ley. "Más que nunca, frente a una sociedad que reclama transparentar las decisiones judiciales y democratizar la Justicia, se hace necesaria la pronta implementación del juicio por jurado como máxima expresión de la participación ciudadana en el sistema de justicia”, advirtieron.
No obstante, este no es el primer reclamo público ante la tardanza en su puesta en funcionamiento. Meses atrás, el camarista e impulsor de la normativa, Victor Del Río, solicitó su implementación al afirmar: "Ahora estamos en una etapa donde le toca al Poder Ejecutivo cumplir con una parte de la ley que es confeccionar los listados de los jurados que se hacen a través de un sorteo que está previsto en el artículo 15 de la ley y que tiene que ser a través del Ministerio de Gobierno”.